La Plataforma de Afectados por la Nueva Ley del Taxi ha recurrido al Defensor del Pueblo para que se interponga un recurso de inconstitucionalidad de la Ley del Taxi de Valencia. En concreto determinados puntos de la misma que, a su juicio, “van en contra de la libertad de empresa”.
Desde la Plataforma, su presidenta, Isabel Segura, insiste en que la ley es “injusta” y atenta contra los derechos adquiridos por los taxistas. En su opinión, la nueva legislación valenciana sobre el taxi “pretende una expropiación encubierta a coste cero”.
Entre las cuestiones que la Plataforma considera inconstitucionales señala el artículo 6.2 de la ley, que prohíbe que las autorizaciones se otorguen a personas jurídicas o que se otorguen a las personas físicas con más de una licencia. Un artículo que, a su juicio, “genera una desigualdad y discriminación de rango inconstitucional por regular una agravio comparativo injustificado”.
La Plataforma destaca también que esta ley prevé acabar con las autorizaciones acumuladas cuando se han concedido de acuerdo a derecho “no imponiendo ninguna limitación ni prohibición en cuanto a poder disponer de más de una licencia de manera simultánea ni en la Ley Estatal 16/1987 de Ordenación de los Transportes Terrestres (LOTT), ni en la Ley 10/2006, de 26 de noviembre, de medidas fiscales, de gestión administrativa y financiera y de organización y tampoco en la Ley 6/2011, de 1 de abril, de la movilidad, estos dos últimas de la Generalitat”.
Además, argumentan que, además de parte del sector del taxi, también el Gobierno Central, a través del delegado del gobierno en la Comunitat Valenciana, Juan Carlos Moragues, considera que algunos artículos pueden incurrir en extralimitación competencial, contrarios a la Ley de garantía de unidad de mercado, así como a la normativa europea.