La aplicación para móviles Uber ha irrumpido con fuerza en el panorama nacional, concretamente en Barcelona, donde ya anuncian sus servicios. Un polémico servicio de vehículos particulares con precios fijados por la empresa. Las asociaciones nacionales ya se han pronunciado en contra y, a la espera de una reunión a finales de mayo, no descartan movilizaciones.
El aterrizaje de la aplicación Uber en España, de momento opera sólo en Barcelona aunque se espera que pronto haga lo mismo en Madrid, ha encendido la alerta del sector del taxi. A diferencia de otras aplicaciones vinculadas con el sector, la propuesta de Uber es novedosa y muy polémica. Bajo esta denominación, la empresa, con origen estadounidense, ofrece diferentes tipos de transporte, si bien en Barcelona sólo se puede concertar el denominado UberPOP.
No es un servicio de transporte compartido. Tampoco sirve para pedir un taxi desde nuestros smartphones. No. Lo que ofrece al usuario es pedir que un conductor particular, en su coche particular, le lleve a un destino concreto previo pago de una tarifa que determina la propia empresa. 0.30 euros por minuto, 0.75 por kilómetro. La tarifa mínima es de 3 euros, igual que la de cancelación.
Desde la empresa, su portavoz Ana Aguilar ha explicado que ellos no son “una empresa de transporte público, sino una empresa tecnológica” y sólo se encargan de poner en contacto “a particulares con particulares”. En una entrevista realizada el pasado 24 de abril por Catalunya Radio, Aguilar manifestó que ellos dan total libertad a los conductores que realizan servicios a través de esta aplicación y que no pueden poner límites al número de servicios que se realizan, aunque sí puntualizó que los conductores “no están dispuestos a estar todo el día al volante”.
Un servicio "ilegal"
“No sólo los taxistas creen que esta empresa es ilegal, también la Generalitat”, manifestó el gerente del Insitut Metropolità del Taxi Eduard Ràmia. Recuerda además que “aquellas personas que se dedican al transporte de personas a cambio de unas tarifas están cometiendo una ilegalidad”. A la espera de conocer las medidas que tomará la Generalitat una vez concluya su expediente sobre las supuestas irregularidades de la empresa, insisten desde el IMET en que “ni desde el Ayuntamiento ni desde la Generalitat se han concedido autorizaciones para realizar este tipo de transporte público”.
Para el presidente del Sindicat, Luis Berbel no es cierto que no se esté ofreciendo transporte de viajeros. “Cuando hay dinero por medio o cualquier intercambio monetario por un servicio, se trata de un transporte de viajeros y de un servicio público”, explicó. “Ni permiso BTP, ni cartilla de taxista, ni seguro de responsabilidad civil de hasta 50 millones ni vehículos apropiados, no tienen nada de eso”, afirmó Berbel. También habló de fiscalidad el presidente, que recordó que los autónomos pagan impuestos, mientras que los conductores de Uber no lo hacen por esta actividad.
“Pedimos que se inmovilicen los coches piratas y si estos son piratas pues tendrán que ser inmovilizados y pagar una multa para recuperarlo”. Se refiere a la medida anunciada por la Generalitat para la lucha contra los piratas, que estará lista a finales de este año. “Ya se han conseguido paralizar este servicio en Francia, Italia y Bruselas, nosotros también podremos”, insistió.
Polémica desde el inicio
Pero esta no es la primera vez que Uber se enfrenta al sector o las administraciones públicas. Fundada como UberCab por Garret Camp y Travis Kalanick in 2009, a principios de 2010 comienza a operar a tiempo completo en San Francisco y un año después comienzan sus pesadillas legales. En Mayo de 2011, la Agencia Municipal de Transportes de San Francisco solicita a Uber el cese de su actividad por operar sin la preceptiva licencia. Una petición que también le hace la Comisión de Transportes de California. En respuesta a ambas demandas, la compañía optó por cambiar su nombre, pasando de UberCab a Uber, modificación que no le sirvió de mucho puesto que el estado de California volvió a requerirle el cese de su actividad
En Europa, la aplicación fue prohibida en Bruselas por el Tribunal de Justicia. De ser sorprendidos con pasajeros, los conductores tendrán que pagar 10.000 euros de multa. De acuerdo con la sentencia, esta app no contaría con los permisos pertinentes para desarrollar esta actividad en la capital europea. En Francia, la polémica terminó en un violento enfrentamiento entre taxistas y conductores de VTCs. En Madrid, a la espera de diferentes reuniones con la Delegación de Transportes de la Comunidad, se preparan también para plantarle cara a esta nueva amenaza al sector.
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