Cabify desmiente que contrate falsos autónomos

Tras conocerse que Fedetaxi y CCOO han denunciado a la compañía Cabify por supuesto “dumping social”, la empresa asegura que opera dentro de la legalidad. Aseguran que los transportistas con los que colaboran lo hacen con contrato mercantil independientemente de que sean empresas, un 60% de su flota, o autónomos. 

 

 

En un comunicado remitido a los medios de comunicación, la empresa explica que ellos no dan de alta a los autónomos, y que estos no perciben sueldos mensuales ni anuales de carácter fijo. “La fuente de ingresos de sus transportistas son consecuencia de la facturación de las horas y servicios realizados”. 

 

 

Insisten también en que ellos “exigen a sus transportistas que cumplan con toda la normativa vigente en materia laboral”, incluyendo dar de alta a sus trabajadores en el régimen aplicable de la Seguridad Social, pagar en tiempo y forma a los empleados y estar al día en sus obligaciones laborales.

 

 

Además, consideran que su sistema de control permite trazar absolutamente todos los cobros y pagos, “que nunca se realizan en metálico”. De esta manera, apuntan, se “elimina la economía sumergida y la precariedad existente en otros segmentos del transporte urbano como el taxi”. Y aclaran no tener nada que ver con otras plataformas de “economía colaborativa” y que cuentan con las “perceptivas licencias y autorizaciones administrativas para prestar el servicio”. 

 

 

En cuanto a la aludida cláusula de exclusividad, que en caso de no respetarse impondría sanciones de hasta 18.000 euros, mencionada por Fedetaxi y CCOO, Cabify aclara que en realidad es una cláusula de no competencia y se refiere al uso no concurrente de dos aplicaciones móviles. Por otro lado, desmienten que la empresa haya adquirido u obtenido licencias VTC a la Administración y se definen a sí mismos como un agente facilitador de compraventa de licencias entre terceros interesados “siempre bajo el marco que establece el ROTT”.  

 

 

Por último, y con respecto a su presencia en Delaware. “La empresa recibió su primera ronda de financiación en 2011 por parte de inversores americanos en Silicon Valley, y uno de los requisitos para cumplimentar el acuerdo era tener una sede fiscal en EE.UU”, puede leerse en el comunicado.  Actualmente, informan, la gran mayoría del capital es de accionistas españoles.