La Federación Élite taxi España (FETE) ha mostrado su disconformidad con el Real Decreto ley aprobado el pasado 20 de abril por el Consejo de Ministros. A juicio de la organización, esta ley que se votará mañana en el Congreso de los Diputados para su convalidación, presenta muchos aspectos sin concretar y que podrían ser bastante mejorables.
Para FETE, los términos en los que se ha planteado este Decreto Ley no son los que necesita verdaderamente el taxi, dado que, entre otras cosas, no otorga un carácter retroactivo que permita conseguir de forma efectiva y transparente una contingentación 1/30.
Con respecto a la Conferencia Nacional de Transportes, un órgano que se espera crear en virtud del reciente decreto, Élite España también se ha mostrado disconforme puesto que no dispone de capacidad vinculante.
Además, y en relación con la habitualidad de realizar el 80% de los servicios por parte de las VTC en el territorio donde se concedió la autorización, FETE considera que con el nuevo decreto no queda muy claro cómo se va a controlar ese requisito.
Por todos estos motivos desde la asociación han iniciado una ronda de contactos con todos los partidos políticos, arrancando un compromiso firme de Podemos para solicitar la tramitación de una ley por la vía de urgencia donde se eleve a rango de ley el 1/30 con carácter retroactivo -con lo que se pretende evitar el desembarco de las miles de VTC solicitadas hasta el pasado 20 de abril-.
También se pretende dotar a la Conferencia Nacional de capacidad vinculante, impedir la transmisión de licencias VTC tanto a personas físicas como jurídicas, exigir la capacitación profesional para el desempeño de la actividad, establecer una base donde estén estacionadas las VTC y crear una licencia urbana para ordenar su actividad.
Desde Élite España han anunciado que trabajaran con todos los actores implicados para conseguir esta ley, que ya fue pedida durante el año pasado en las distintas movilizaciones del sector. Para la entidad, el Real Decreto aprobado el 20 de abril está más encaminado “a proteger la inversión de unas pocas decenas de personas” que a la protección del servicio de taxi.