El Ministerio de Fomento habría decidido elevar a rango de ley la regulación de los vehículos de alquiler con conductor (VTC) y aprobarla en Consejo de Ministros este próximo viernes 20 de abril o, como mucho, el 27 de este mismo mes. El objetivo de esta ley sería evitar la liberalización de las VTC que se produciría en el caso de que el Supremo, tras la vista celebrada ayer, diera la razón a la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) y se anulara el ROTT.
Varias fuentes han apuntado que la sentencia del Tribunal Supremo precisamente dará la razón a la CNMC y anulará las restricciones a las VTC que incluye el ROTT. Eso supondría liberalizar el sector, dado que quedaría anulado el ratio de 1 VTC por cada 30 taxis, así como el régimen de habitualidad que obliga a estos conductores a trabajar el 80% de su tiempo en el territorio donde fue expedida la autorización.
Para evitar esto, lo que sería un duro golpe para el sector del taxi y provocaría un conflicto de gran calado en la calle, el Ministerio dirigido por Iñigo de la Serna estaría preparando un real decreto ley que regulase a las VTC con más fuerza que el controvertido ROTT, ya que tendría por fin rango de ley. Precisamente elevar a rango de ley las restricciones a las VTC ha sido algo demandado por el sector del taxi en reiteradas ocasiones.
“Cacicada” contra el Supremo
La escenificación en todo este asunto es muy importante y Fomento querría aprobar este real decreto ley antes de que se conozca la Sentencia del Supremo en el que daría la razón a la entidad presidida por Marín Quemada. El Gobierno quiere evitar la gran polémica que se suscitaría en el caso de que aprobase la nueva ley después de conocerse la sentencia. De hecho, el Tribunal Supremo podría ver mala fe en la decisión del ejecutivo, pues estaría enmendando una decisión judicial mediante una acción política en beneficio de un sector, e incluso podría llevar el caso ante el Tribunal Constitucional.
Según explica VozPopuli, en el propio Partido Popular también habría bastantes discrepancias en torno a la decisión de De la Serna, y algunos habrían calificado la aprobación de esta ley como “una cacicada” en contra de la CNMC.
La CNMC no podría impugnarla
La figura jurídica del real decreto ley que prepara Fomento está reservada para casos de “extraordinaria y urgente necesidad” y no podría ser recurrida por la CNMC porque no tiene competencias para ello. La ley deberá ser ratificada por el Congreso de los Diputados un mes después de su aprobación en Consejo de Ministros.
La Federación Española del Taxi (Fedetaxi) ya ha lanzado públicamente su apoyo al Gobierno en todas aquellas medidas que adopte “para defender al taxi frente a la CNMC”. Sin embargo, según explica El Confidencial, una fuente del Ministerio de De la Serna habría señalado que el verdadero motivo por el que el Gobierno se plantea aprobar este real-decreto-ley no son las 100.000 familias del taxi ni el conflicto social, sino que la verdadera razón de esta nueva ley residiría en los lobbies de presión de los propietarios de licencias de VTC, inversores de grandes millones de euros que tributan una gran cantidad de dinero en nuestro país.
Precisamente estos propietarios fueron también objeto de algunos ataques lanzados en la vista celebrada ayer por parte del abogado de Uber, sin duda una de las partes que más dura se mostró con las limitaciones a las VTC.