Visto para sentencia el juicio contra el ROTT

El pasado 17 de abril fue un día decisivo para el sector del taxi. En juego estaba el Reglamento de Ordenación del Transporte Terrestre, impugnado por  la CNMC, Uber, Cabify y Unuto-VTC, que escudándose en la Ley de Garantía de la Unidad de Mercado piden su derogación total o parcial. Desde el sector del taxi se han mostrado satisfechos con cómo ha transcurrido una maratoniana jornada judicial marcada por el alto número de demandantes y codemandados. El ROTT regula, desde 2015, las autorizaciones de VTCs y contempla, entre otras cuestiones, la proporcionalidad 1/30.

 

Un requisito que defiende el sector, pero también la propia abogacía del estado. Sobre la proporcionalidad, el abogado del estado conaisera que está respaldada por el propio Consejo de Estado y es una decisión “gubernamental amparada en la ley”. Y cree que la discusión en torno a la habitualidad, también recogida en la LOTT, no es una cuestión de legalidad, sino de si se está de acuerdo con el porcentaje 80-20, algo que, asegura, no cabe en este proceso. Deja claro, por tanto, la posibilidad del Gobierno de legislar de acuerdo a la ley.

 

El abogado del estado ha aprovechado su intervención para reprochar a los demandantes que solo hayan mencionado la Ley GUM, en la que han basado todos su argumento para pedir la impugnación del ROTT, y que no haya habido ni una sola referencia a la Ley de Ordenación del Transporte Terrestre, LOTT. Norma que refleja, en varios artículos, que estamos ante una modalidad de transporte sujeta a autorización administrativa. “La LOTT está en vigor y se recoge que se pueden imponer requisitos específicos para la adecuada prestación de los servicios”, ha insistido. 

 

El sector del taxi, en sus diferentes intervenciones, ha mostrado un frente común, aunque con matices. Para Fedetaxi "está en juego la política de movilidad, que se haga conforme a un equilibrio y armonía”. Desde Federación Profesional del Taxi, en una línea similar a la expuesta por el abogado del estado, se ha hecho especial hincapié en que la Ley GUM es una ley “ordenaria” que no tiene carácter supra legal. “No tiene sentido alegar a esa y no a la Ley de Transportes, que sí impone requisitos a las VTCs”. 

 

Además, ha señalado que la CNMC no tiene “capacidad” para impugnar una disposición del Gobierno, como es el ROTT y señala que se trata de un debate sobre opciones políticas y no sobre el derecho de la competencia. Por ello ha invitado al Supremo a que no se deje “confundir” por la posición de los demandantes.

 

Por su parte, la Asociación Profesional Élite Taxi ha defendido que la LOTT ya contempla la necesidad de que las VTCs tengan autorizaciones administrativas y ha criticado que la CNMC haya impugnado el ROTT cuando debería velar por fomentar la competencia y no liberallizar el mercado. "No es cierto que el ROTT quiera proteger al sector del taxi”, insistía la abogada de Élite, “sino asegurar el equilibrio del mercado”.

 

Desde la Generalitat de Catalunya creen que el recurso de la CNMC está fuera de tiempo y las adhesiones de sus codemandantes, también, mientras que el Ayuntamiento como la Comunidad de Madrid han solicitado que se desestime la impugnación del ROTT, algo que también ha pedido la asociación de VTCs Zonturrent.