La justicia pone fin a Uber en España

Con fecha del 9 de diciembre, el Juzgado de lo Mercantil número 2 de Madrid ha ordenado el cese de la actividad y la prohibición en toda España de la aplicación Uber.  La justicia estima así las medidas cautelares propuestas por la Asociación Madrileña del Taxi el pasado mes de octubre.

 

Estas medidas "se ejecutarán una vez que la parte solicitante", es decir, AMT, preste en el plazo de tres días siguientes a la notificación del auto una caución en forma de aval bancario por importe de 10.000 euros.

 

Según el auto, los conductores contratados por esta empresa norteamericana carecen de autorización administrativa alguna para desarrollar ese servicio. Además, considera que la actividad que llevan a cabo supone competencia desleal. En la misma resolución se oficia a las empresas de telecomunicaciones y de pago electrónico para que prohíban todo tipo de transacciones y alojamiento a la empresa UBER.

 

De acuerdo con el juez de lo Mercantil número 2,  esta decisión es "una protección cautelar basada en la legalidad vigente" y se comunica a las empresas de telecomunicaciones y de pago electrónico que prohíban todo tipo de transacciones y alojamiento a esta empresa.