“No queremos que se juzgue algo que ya no existe”

Miguel Ángel Leal, presidente de Fedetaxi, lo tiene claro. “La posibilidad de la liberalización desaparece con el Real Decreto-ley”. Por ello considera necesario que el Tribunal Supremo no se pronuncie sobre el ROTT y sobre unos artículos ya derogados por el Gobierno. Continuar el proceso judicial podría conllevar “ciertos riesgos” para el sector y en caso de que finalmente se pronuncie de forma desfavorable para el taxi, Leal cree que licencia municipal será una herramienta decisiva.

Gaceta del Taxi.- Tras la aprobación del Real Decreto-ley, Fedetaxi ha solicitado al Supremo que no sentencie sobre el ROTT. ¿Por qué ha tomado esta decisión?

Miguel Ángel Leal.- Lo único que decimos al supremo es que no entre a juzgar unos artículos que ha derogado el gobierno. Si un artículo concreto, como el 1/30, ha sido derogado en el reglamento para elevarlos a la Ley, lo que no queremos es que se juzgue algo que ya no existe. Si hay otras asociaciones que creen que es bueno que se mantenga el juicio, pues adelante. Pero nosotros vemos que hay ciertos riesgos en que se entre a juzgar esa cuestión.

G.T.- ¿Qué riesgos son esos que menciona?

MA.L.- Entendemos que hay varias opciones. Si no entra a juzgar estos artículos porque, como nosotros, entiende que están derogados, no existiría ninguna posibilidad de que se concediera ninguna VTC de las solicitadas a partir de 2015. Pero si entra a juzgar, pueden suceder dos cosas. Primero, que lo valore y avale los artículos del reglamento, con lo cual estaríamos en la situación de que solo se entregarían las VTCs pedidas hasta 2015.

Pero existe la posibilidad de que se pronuncie en contra de los intereses del taxi y anule los artículos. Si esto ocurre, puede ser que los anule totalmente, o con retroactividad. Que pasa, que en este segundo caso, podría ser que todas las autorizaciones solicitadas puedan ser otorgadas.

G.T.- La posibilidad de que finalmente se deroguen dichos artículos del ROTT pondría al sector frente a una nueva realidad, con miles de autorizaciones de VTCs pedidas entre 2015 y 2018. Se habla de más de 30.000 en toda España. ¿Por qué cree que se han solicitado tantas autorizaciones en tan poco tiempo?

MA.L- Lo que tengo claro es que tanto Uber y CNMC tenían mucha confianza en que el Supremo iba a dejar anulados dichos artículos y, por tanto, liberalizar el sector. Y no hablamos solo de 30.000, sino de muchas más. Pero de repente, el Gobierno decide sacar el Real Decreto-ley que blinda dichos artículos - proporcionalidad y habitualidad- y se vuelven locos para pedir VTCs. Hablamos de que en Madrid se han pedido unas 20.000 VTCs, algunas de ellas incluso el mismo días que sale dicha normativa. La posibilidad de la liberalización total desaparece con la aprobación de norma y tanto estas empresas como la CNMC son conscientes de ello, de que aunque el Supremo anule dichos artículos, la liberalización que pretendían será imposible.

G.T.- ¿Cómo impide ese Real Decreto-ley esa liberalización total del sector?

MA.L.- Si se eleva a la Ley de Ordenación de los Transportes Terrestres la proporcionalidad del 1/30, que es una limitación cuantitativa, diga lo que diga el Supremo no se podrán dar más autorizaciones si se supera esa ratio. Además refuerza las normativas autonómicas, ya que el ROTT dejaba a criterio de las comunidades autónomas conceder o no las autorizaciones. Con el Decreto Ley se les exigirá la denegación en caso de superar la ratio. Ahora mismo, nunca se liberalizaría el sector. Es decir, que cualquier persona pudiera ir a la administración a solicitar una autorización VTC y se la tuvieran que conceder. Eso ya no va a ser posible.

G.T.- ¿Teme que este Decreto Ley sea impugnado como ha sucedido con normativas?

MA.L.- Lo que se puede denunciar es el Real Decreto-ley, pero no la propia Ley de Ordenación de los Transportes Terrestres, que es la que modifica. Además, al solicitar nosotros que el Supremo no entre a juzgar los artículos derogados, el tribunal pregunta al resto de las partes para ver qué opinan ellos. Y pueden suceder dos cosas, que la CNMC y Uber pidan al Supremo que eleve esta cuestión al Constitucional, por lo que la sentencia se retrasaría, o que no digan nada y confíen en el fallo judicial. Si la sentencia finalmente no entra a valorar los artículos, o los valora y los avala, ya solo podría llevarlo al Constitucional o un partido político o el defensor del pueblo, no podrían ser ni Uber ni la CNMC. Esperamos que eso no suceda y que el Real Decreto-ley sea avalado en el Congreso de los Diputados.

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