El Departament de Territori i Sostenibilitat de la Generalitat de Catalunya ha abierto 54 expedientes sancionadores de 1.000 euros cada uno contra la plataforma Cabify por incumplir los 15 minutos de antelación mínima establecidos en el decreto de VTC impulsado por la propia administración catalana.
Según explica El Periódico, desde la Generalitat consideran que la fórmula de precontratación de Cabify no respeta la normativa. La empresa, días después de anunciarse la aprobación del decreto en el mes de marzo, optó por ofrecer a los clientes la firma de un contrato anual según el cual solo debían precontratar con antelación el primer viaje.
Tras este anuncio, el departamento dirigido por Damiá Calvet inició una investigación entre los días 7 y 12 de marzo y la semana pasada se tramitaron los primeros cuatro expedientes y en los próximos días se abrirán 50 más. Cada uno de los expedientes se corresponde con una sanción acreditada por Territori i Sostenibilitat y el precio de la misma ronda los 1.000 euros.
Cabify, que ya ha sido notificada de las sanciones, ha anunciado que su modelo es legal y que “se ajusta a la normativa autonómica”. Por ese motivo, la compañía ha comunicado que recurrirá “cualquier sanción relacionada con la naturaleza de su modelo", al tiempo que ha advertido que seguirá operando en Barcelona “con normalidad”. Eso puede significar que el proceso de estos expedientes sancionadores se alargue en el tiempo.