Una empresa mallorquina de alquiler de vehículos fue sancionada en la localidad ibicenca de Sant Josep por permitir que uno de sus coches se dedicase al transporte público ilegal. La compañía recurrió la sanción pero ahora el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo número 1 de Palma ha desestimado el recurso.
La sentencia confirmaba una multa de 6.000 euros por permitir que uno de sus coches ofreciera servicios “piratas” infringiendo la Ley de Transportes. Sin embargo, según explica El Diario de Ibiza, la empresa entendía que la resolución del Ayuntamiento era nula porque vulneraba su derecho a la tutela judicial efectiva.
Pese a la posición de la empresa, el juzgado de Palma ha desestimado el recurso y ha criticado la actitud de la compañía por intentar que la jueza varíe una sentencia ya firme. Por ese motivo, el juzgado, además de obligar a la empresa a abonar los 6.000 euros de multa, también le condena a que se haga cargo de las costas procesales.