Aprobado el endurecimiento de las sanciones a las VTCs

La Proposición no de Ley para modificar el régimen sancionador de las VTCs en la Ley de Ordenación del Transporte Terrestre, ha salido adelante tras el debate hoy en la Comisión de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana con 19 votos a favor y 16 abstenciones.  

 

El Grupo Parlamentario de Unidas Podemos, que ha llevado a la Comisión esta PNL, ha sostenido la importancia de que las autoridades controlen y hagan efectivo el régimen de precontratación de los servicios a los que están sometidas las VTCs. Motivo para el que consideran necesario endurecer determinadas infracciones y tipificar otras nuevas y también establecer instrumentos legales que permitan a los cuerpos de inspección y de policía locales sancionar adecuadamente.

 

 

Desde Ciudadanos, su portavoz en la Comisión ha señalado que ellos siempre han defendido una regulación nacional pero han insistido en que taxis y VTCs trabajen en un marco competitivo justo. “El taxi debe estar preparado para afrontar la próxima disrupción”, han insistido desde la bancada naranja.

 

Por su parte, el Partido Popular ha asegurado compartir “en gran medida” el fondo que persigue la PNL. “No es más que presionar al Gobierno para que aplique la disposición tercera del Decreto Ábalos”, ha apuntado la portavoz. No obstante, han pedido eliminar del texto de la PNL todas las referencias a la competencia desleal, cuestión que no ha sido tenida en cuenta.

 

A favor, además del Grupo Parlamentario de Unidas Podemos, el Grupo Plural también ha dado su voto en positivo a esta Proposición, si bien han querido dejar claro que Unidas Podemos “forma parte del Gobierno” en clara alusión a lo que ha considerado falta de interés por parte del Gobierno de poner en marcha lo aprobado por el gobierno socialista en la anterior legislatura. 

 

Desde el PSOE, con voto también favorable, han recordado que durante años se ha producido alegalidad e intrusismo en el taxi, y ha señalado a las comunidades autónomas gobernadas por el PP, Madrid y Andalucía, como principales focos de esta situación. “Algunas comunidades han regulado las VTCs, incluida Galicia”. Además, se ha explicado que existe “coordinación plena” con las comunidades por parte del Gobierno, si bien ha reconocido que la aplicación del registro electrónico se ha visto afectado por diferentes sentencias del Tribunal Supremo. 

 

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