Los taxistas de La Palma de GC abandonan un proyecto de vigilancia por GPS

Tras cuatro años de problemas constantes, los taxistas de la Cooperativa Insular de Radio Taxis San Miguel, en la isla canaria de La Palma, han remitido al Cabildo un acuerdo unánime por escrito en el que comunican que abandonan el proyecto de control y vigilancia de sus taxis a través de GPS. Exigen por tanto la retirada inmediata de dichos equipos de sus vehículos por considerar que están defectuosos y que incluso descargan la batería de los taxis.

Tras cuatro años de problemas constantes, los taxistas de la Cooperativa Insular de Radio Taxis San Miguel, en la isla canaria de La Palma, han remitido al Cabildo un acuerdo unánime por escrito en el que comunican que abandonan el proyecto de control y vigilancia de sus taxis a través de GPS. Exigen por tanto la retirada inmediata de dichos equipos de sus vehículos por considerar que están defectuosos y que incluso descargan la batería de los taxis.

Este sistema integral para la gestión del transporte público regular de viajeros por carretera en La Palma pretendía unificar los servicios de taxis y autobuses en la Isla bajo una misma unidad de control global y vigilancia a través de GPS. Pero su implantación causó problemas desde un principio. Nada más instalarse los primeros aparatos en los coches, varios taxistas denunciaron que detectaban puntos oscuros. Más adelante vinieron los problemas de cartografía y después pérdidas de conexión. Lo más grave, apuntan varios profesionales, es cuando se detectó que, tras varias horas encendido, también agotaba las baterías de los vehículos.

El presidente de la asociación, Felipe del Pino, a la espera de recibir instrucciones del Cabildo, comunicaba que desde su entidad están barajando otras alternativas, por lo que han puesto en marcha “un estudio minucioso de mercado, sobre marcas especializadas en gestión de flotas para taxis para realizar un proyecto de iniciativa privada en la Isla”.

Del Pino añade que el “fracaso de este proyecto” ha supuesto unas pérdidas de la Administración palmera de 1,2 millones de euros, que es lo que costó instalar los 253 GPS, 167 en taxis y 85 en autobuses.