El Parlament respalda al taxi con su regulación de VTC

La gran mayoría de los diputados que componen actualmente el Parlament de Catalunya ovacionaron de forma cerrada a los representantes del taxi tras la convalidación, el pasado 20 de julio, del Decreto Ley 9/2022 que regula la actividad urbana de las autorizaciones de alquiler con conductor (VTC) en territorio catalán. El nuevo texto introduce requisitos de entrada a estos vehículos con el objetivo de reducir la flota sin introducir un númerus clausus que podría ser recurrido más fácilmente en instancias judiciales.

El Govern de Catalunya llegó a un acuerdo con el PSC para la aprobación de este nuevo texto que tiene como objetivo reducir el número de VTCs de las 4.000 actuales que hay en Catalunya a poco más de un millar. Las asociaciones de VTCs, representando a las empresas de este sector, junto con la Autoridad Catalana de la Competencia (ACCO), no han tardado en reaccionar al decreto y ya han anunciado algunas acciones de carácter judicial.

Sin embargo, tal y como explica Alberto “Tito” Álvarez, coordinador de Élite Taxi Barcelona, a La Gaceta del Taxi, el hecho de que la nueva normativa se haya “sellado” a través de un decreto ley, limita, por no decir que impide, acciones judiciales en los tribunales de justicia y solo deja abierta la vía de la cuestión de inconstitucionalidad del texto. Tal vez por ese motivo VOX pidió el día de la convalidación en el Parlament que la nueva regulación de VTC fuera aprobada como un proyecto de ley.

Preguntado sobre el reconocimiento y la ovación que brindaron los políticos del Parlament a los taxistas tras la convalidación del texto, Tito Álvarez asegura estar “muy contento, a la vez que “muy emocionado” porque recuerda que el taxi lleva más de ocho años “peleando por esto”. “Es un reconocimiento que va mucho más allá de lo que significa al taxi. Es un reconocimiento a nuestra lucha, pero también al cambio de mentalidad que hemos llevado a cabo”, explica el coordinador de Élite Barcelona.

“Hemos demostrado que tenemos capacidad de autocrítica. No solo lanzamos nuestra crítica a los demás. Nos hemos transformado y hemos mejorado mucho el servicio. Los políticos aquí en Catalunya además también valoran nuestra capacidad que hemos demostrado a la hora de gestionar las negociaciones porque hemos cedido en cosas como el 1/30 que mucha gente no estaba de acuerdo”, explica Álvarez.

Ceder y dejar a un lado el 1/30

Precisamente esa ha sido una de las cuestiones que más discrepancias a generado en el sector del taxi en Catalunya. Asociaciones como Taxi Companys rechazaron este decreto porque no estaba incluida esa contingentación, este númerus clausus en el nuevo texto. Ante esta postura, Alberto Álvarez considera que los requisitos tan exigentes que han puesto a las VTC van a ser más efectivos que el propio 1/30.

“Pese a que el primer borrador no nos convenciese, cuando nos ofrecieron la segunda versión decidimos asambleariamente que sí apoyábamos el texto y que íbamos a negociar las barreras de entrada, que son muchísimas”, indica el portavoz del taxi. “El 1/30 está muy bien como grito de guerra. Todo el mundo lo quiere, pero solo con las tradicionales que están trabajando legalmente ya se alcanza una ratio de 1/15”.

Los partidos políticos que han dado validez al nuevo texto en ningún momento, y así lo manifiesta el propio Tito Álvarez, tenían la intención de eliminar las VTCs tradicionales que ya de por sí sitúan la proporcionalidad de una autorización VTC por cada 15 taxis en lugar de por cada 30. “El PSC en su momento se posicionó con el 1/30, pero también dijo que lo más importante era que hubiera consenso con el sector y que el taxi quedase protegido”.

“Siempre hemos sabido que el 1/30 es una norma que el Tribunal Supremo ha dicho que se ajusta a derecho. Pero debemos asumir que está más que superada y que las Comunidades Autónomas pueden variar. Es una norma a máximos para que no entren más, pero el 1/30 no se cumple en ningún lado, y menos en las grandes ciudades”, asegura Álvarez.

Bajo esa premisa, los socios de Élite aprobaron por unanimidad apoyar el Decreto, toda vez que se conocieron algunas de las restricciones como la eliminación del renting para las VTC, o la longitud mínima de 4.90 metros para los vehículos. “El 100% votó que adelante y que no dejásemos escapar esta oportunidad. El máximo de VTCs que calculamos que se pueden quedar está en torno a unas 1.400 VTCs, pero habrá que ver cuántas se acogen y cumplen los requisitos, pensamos que de esas posibles 1.400, se quedarán la mitad”, explica el portavoz de Élite.

Requisitos más restrictivos

Las razones que ven en Élite Barcelona para que muchas VTCs renuncien a la autorización urbana se basan en la dureza de los requisitos que se introducen en el decreto. Y es que para que un titular obtenga la autorización que le permita realizar servicios urbanos con una VTC, está obligado a que disponga de una autorización previa con un vehículo adscrito permanentemente como mínimo durante el último año desde la entrada en vigor de la norma. Además, debe haber prestado más de 100 servicios durante el año anterior a la entrada en vigor de la norma y los vehículos con los que vayan a prestar ese servicio deben tener una longitud mínima de 4,90 metros. Los coches, deberán tener el distintivo CERO o ECO y están obligados a contar con un seguro que cubra hasta la cantidad de 50 millones de euros de responsabilidad civil por los daños que puedan sufrir los pasajeros, similar al que tienen los taxistas.

“No hay un requisito más restrictivo que otro. Todos suman porque la clave del decreto es el conjunto de restricciones que hace prácticamente imposible que puedan buscar un agujero legal. Por eso consideramos que es más garantista que el 1/30, porque está contingentando de facto sin que haya un númerus clausus”, indica Alberto Álvarez, que insiste en que el peligro de poner una contingentación como el 1/30 está en la posible decisión que tome el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE), que el próximo 5 de octubre celebrará la vista oral sobre el 1/30 en España.

“En el peor de los casos, aunque tumbaran el 1/30 en la Justicia europea, a nosotros no nos afecta porque los requisitos no se ven alterados”, asegura el coordinador de Élite, que recuerda que el 1/30 afecta a las autorizaciones interurbanas y tras el decreto, solo podrán hacer servicios urbanos las que gocen de ese permiso concreto, que es el que tendrá el número más limitado por la dificultad de los requisitos de entrada.

“La longitud mínima de 4.90 es uno de las medidas más estudiadas y que más nos costó introducir, así como quitar el renting”, indican desde Élite, que aseguran haber mantenido a lo largo de este año muchas reuniones con los distintos grupos políticos. “Hemos estado en continua negociación, teníamos un plan A, B y C; en lo que consideramos que ha sido una buena estrategia de negociación”, afirma Álvarez.

Además de estas restricciones, el nuevo decreto mantiene la precontratación obligatoria con un tiempo mínimo de 15 minutos, así como la prohibición para circular poa la vía pública en búsqueda de clientes propiciando la captación. En cuanto al régimen sancionador, éste se endurece, con multas que llegan a los 2.000 euros e incluso con riesgo de inmovilización del vehículo por prestar servicio con una autorización de fuera de Catalunya o por no respetar esos 15 minutos de precontratación.

Fuerte oposición de la ACCO

Con todas estas circunstancias, y antes incluso de la convalidación en el Parlament de Catalunya, la Autoridad Catalana de la Competencia denunció que el decreto que regula la actividad de las VTCs en suelo urbano en Catalunya introduce restricciones injustificadas a la competencia y establece unos requisitos a estos vehículos “absolutamente contrario a los principios de buena regulación económica de los mercados”.

En un informe que publico la misma semana que estaba pendiente la convalidación del texto, la entidad catalana de la competencia criticó que la nueva norma condiciona el acceso a la actividad de las VTC en el ámbito urbano al cumplimiento de determinados requisitos que “no satisfacen los principios de necesidad, proporcionalidad, mínima distorsión y no discriminación entre operadores y, por lo tanto, resultan injustificadamente restrictivos a la competencia”.

Con este nuevo informe, la Autoridad de la Competencia en Catalunya volvió a posicionarse favorable a las demandas de empresas de VTCs frente a la posición del sector del taxi. Para la ACCO, en resumen, la nueva normativa resulta “contraria a la competencia porque perjudica directamente a los consumidores y usuarios, que verán reducida su liberta de elección de tipología de transporte de viajeros”.

Por último, apuntaban desde la entidad de la competencia que el decreto es contrario a las recomendaciones marcadas por la Comisión Europea y advirtió que existen riesgos de que el contenido de la nueva norma de VTCs resulte contrario a “la libertad de establecimiento consagrada en el artículo 49 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea”.