El Supremo desestima el recurso de Uber contra la web de control VTC
El Tribunal Supremo ha desestimado el recurso contencioso-administrativo que presentó la empresa Uber en noviembre de 2021 contra el Real Decreto que aprobaba el registro de control de los servicios de vehículos de alquiler con conductor (VTC). La compañía, además ha sido condenada a pagar las costas del procedimiento por un precio de 4.000 euros.
La Sala de lo Contencioso Administrativo del Alto Tribunal ha dado, por lo tanto, la razón tanto a la Abogacía del Estado y a las asociaciones del taxi personadas y no ha tomado en consideración el recurso de Uber que apuntaba que dicho registro de control vulneraba normativa europea relativa a protección de datos, así como la Ley de Garantía de Unidad de Mercado (LGUM).
Junto a la Administración General del Estado, se personaron como codemandadas la Asociación Nacional del Taxi (Antaxi), la Asociación Gremial del Taxi y la Asociación Profesional Élite Taxi Barcelona. También se personó en el procedimiento la Comunidad Autónoma de las Islas Baleares, que presentó un escrito solicitando que se desestimase íntegramente el recurso presentado por Uber.
Hay que recordar que la compañía presentó un contencioso-administrativo en noviembre de 2021 contra el Real Decreto 785/2021 de 7 de septiembre que introducía el registro de control de las VTC porque ciertos artículos vulneraban el Reglamento Europeo y la Carta de derechos fundamentales de la Unión Europea en lo relativo a la protección de datos. Por otro lado, también consideraba la empresa que se vulneraba la Ley de Garantía de Unidad de Mercado (LGUM) por imponer obligaciones desproporcionadas a los titulares de autorizaciones VTC.
Finalmente, los magistrados han entendido que, a tenor de sus razonamientos, es conveniente desestimar el recurso de Uber y, de esta forma, dar la razón a la Abogacía del Estado y a las organizaciones del sector del taxi que entendían que el registro de control estaba justificado en la necesidad de garantizar el cumplimiento de la regulación existente en la materia y no resultaba desproporcionado.