“Los tribunales están cansados de que las VTC judicialicen todo”

El Tribunal Constitucional ha vuelto a dar un revés a una de las regulaciones establecidas en España para contener en cierto modo la actividad de los vehículos de alquiler con conductor (VTC). En este caso, el Pleno del Tribunal ha considerado que el tiempo de contratación obligatorio de 30 mínimos previo a la prestación del servicio para los VTC es contrario a la doctrina de libertad de empresa establecido en el artículo 38 de la Constitución Española.

El Constitucional ha decidido estimar en este caso la cuestión de inconstitucionalidad promovida por la Sección Tercera de la Sala de lo Contencioso administrativo del Tribunal Supremo contra un precepto de un Decreto-ley que aprobó el Gobierno de Illes Balears en 2019, y que imponía una precontratación en un tiempo mínimo de 30 minutos para los servicios de alquiler de vehículos con conductor.

Por contextualizar esta decisión, el Tribunal Supremo, tras las vistas que se celebraron en enero de 2023, decidió elevar esta cuestión al Constitucional porque consideraba que la exigencia de ese lapso de 30 minutos de precontratación obligatoria podría ser contraria al artículo 38 de la CE. Ese día también se celebró la vista sobre la precontratación que se había establecido en el País Vasco.

Una vez recibida la cuestión, ahora los magistrados del Constitucional entienden que el lapso de 30 minutos entre la contratación y la prestación efectiva del servicio persigue finalidades constitucionalmente legítimas tales como buscar un equilibrio entre el sector del taxi y el de las VTC, así como la mejora de la gestión de los usuarios y la garantía de las condiciones de prestación del servicio. Sin embargo, esta medida de precontratación de 30 minutos no está justificada ni es adecuada, porque pone a las VTC en una situación de desventaja competitiva y supone una restricción para la actividad.

No obstante, a eso primero, a esa legitimidad de diferenciar los servicios se agarra ahora el sector del taxi, y Gabriel Moragues, presidente de la Federación Independiente del Taxi de las Islas Baleares, en esta entrevista concedida a La Gaceta del Taxi, sostiene por eso que la sentencia no es tan negativa y que da pistas a la administración de cómo se deben regular las VTC.

Gaceta del Taxi.- ¿Cómo recibieron en el sector del taxi de las Islas Baleares esta decisión del Constitucional? ¿Esperaban que pudiera ir en esa dirección?

Gabriel Moragues.- Estaba dentro de las posibilidades que pudiera llegar. Teníamos la esperanza de que fuera en otra dirección atendiendo a la sentencia del propio Constitucional del pasado mes de junio relativa a un asunto relacionado con la Ley de Transportes de la Comunidad de Madrid, y en la que se establecieron con claridad cuáles eran las competencias del estado y las comunidades autónomas. En base a esa interpretación, en Baleares y Canarias el transporte estatal no existe porque se entiende por estatal el que empieza y acaba en distintas comunidades y utiliza una estructura viaria de carreteras nacionales que aquí no hay. Atendiendo a ese razonamiento, teníamos la esperanza de que se pudiera mantener en Baleares esa regulación.

Es cierto que considera que la precontratación de 30 minutos no está justificada y es desproporcionada, pero recalca la sentencia que no el fin que persigue la comunidad balear es perfectamente constitucional. Creo que, como ha pasado en anteriores ocasiones con el Supremo, el tribunal, harto de tanta judicialización, va más allá del elemento juzgado y da pistas al Gobierno Balear recalcando que tiene legítimo derecho para regular las diferencias entre VTC y taxi por otras vías.

El TC de pistas de cómo regular

G.T.- En este sentido, y enlazando distintas cuestiones, el Gobierno central ya el año pasado, después de la sentencia del TJUE sobre el 1/30, daba pistas al legislador de cómo podría regular las VTC. No sé si eso da margen de maniobra.

G.M.- Efectivamente hay bastante margen de maniobra porque habla de que se puede limitar los horarios y las zonas por las que circulen. En todo eso entra el propio Constitucional en la misma sentencia y da pistas de que hay muchas vías, de que a lo mejor no son tan gravosas y están más justificadas para regular las VTC. Da a entender que es un legítimo derecho diferenciar el taxi y la VTC, diferenciar entre un servicio público a uno que es meramente empresarial, y que la VTC debe estar previamente contratada. La sentencia no es tan negativa como en un principio pueda parecer.

G.T.- Cuando hablaba de la sentencia del mes de junio del Constitucional, se refería al recurso de inconstitucional presentado por los 50 diputados sobre la Ley VTC de la Comunidad de Madrid y el tema de las competencias estatales.

G.M.- Efectivamente. En esa sentencia hay un punto concreto, un párrafo bastante extenso, en el que el Constitucional, creo que un poco harto, define que la competencia estatal recae sobre el transporte que discurre entre distintas comunidades y que utiliza infraestructuras estatales. Todo lo demás es competencia de la comunidad autónoma. Por lo tanto, para mí refuerza muchísimo la posibilidad de que el Gobierno balear y el canario puedan legislar. También aclara que las otras comunidades tienen sus competencias si no se traspasa otras regiones, como es evidente en nuestro caso.

G.T.- Por lo tanto y teniendo en cuenta todos los factores, como bien ha dicho, la sentencia, aun siendo negativo, no lo es tanto, precisamente por ese interés legítimo y constitucional de buscar el equilibrio entre taxis y VTC.

G.M.- Eso demuestra un poco que los tribunales ya están un poco cansados de que se judicialice todo, y les están diciendo que no se van a salir con la suya con la liberalización completa. Siendo cierto que entienden que la precontratación no está justificada, recuerdan que las administraciones tienen legitimado el derecho de regular y además se tiene que hacer algo para salvaguardar las diferencias entre servicios. Llega un poco más lejos del hecho juzgado, no dice qué deben hacer, pero en pocas palabras está marcando una pauta.

G.T.- ¿Qué efectos tiene esta sentencia sobre la Ley del Taxi que se aprobó a comienzos de año?

G.M.- Probablemente habrá que modificarla, pero lo que debemos tener claro que los treinta minutos de precontratación no se cumplían. No solo eso, sino que no hacen servicios previamente contratados, hacen captación en la vía pública, paran en las paradas cuando tienen la oportunidad. Es decir, incumplen con mucha asiduidad y no hay un trabajo de campo sobre la página de control del Ministerio de Transportes en sancionar todas las cosas que creo que, de oficio, a través de esa página, se podían detectar.

G.T.- A día de hoy, y más allá de los datos aparecidos en el registro del Ministerio de Transportes que pueden ser un poco inciertos, ¿cuál es el nivel de VTC que hay en las Islas Baleares?

G.M.- La presión no es muy grande. Piensa que a lo mejor podrían estar trabajando para las aplicaciones 150 o 170 coches. No más. Unas cincuenta vinieron de Ibiza, que es muy discutible lo que hicieron porque la ley establece una moratoria para poder trabajar en otra isla solo durante dos años, y en teoría no se pueden mover de isla para prestar servicio. Esa sentencia del Constitucional que hemos hablado del pasado mes de junio ratifica que el Gobierno Balear, sobre las VTC que se han concedido en Baleares, puede imponerles las condiciones de movilidad oportunas y se ratifica en esta última sentencia donde se hace referencia a que se les puede prohibir en determinados espacios, horarios, etc. Evidentemente, las VTC si pedían las autorizaciones para operar en una isla, no tiene sentido que cuando se concedan, acaben provocando problemas en las otras islas por culpa de la actitud de la clase política. Todo eso se puede reconducir.

Por otro lado, la presión también estaba presente con las 10.000 autorizaciones solicitadas después del pronunciamiento del Tribunal de Justicia de la Unión Europea, pero la Ley Balear estableció una moratoria hasta que se aprueben los criterios y los parámetros para adjudicar autorizaciones, que además tendrán un enfoque temporal, porque en invierno los que estamos sobramos.

G.T.- Se puede saber cuántas VTC pendientes quedan de esas 10.000 de resolución del Supremo.

G.M.- Después del pronunciamiento del TJUE en junio del año pasado hubo unas 10.000 solicitudes de VTC más. La mayoría de ellas en Ibiza, porque saben que en Ibiza son más laxos a la hora de otorgar las autorizaciones. Eso es evidente y lo demuestra el hecho de que siendo una isla más pequeña que Mallorca, se han pedido más en Ibiza que aquí porque allí es donde tienen más posibilidades de que las obtengan.

El enorme problema del tráfico

G.T.- En Ibiza, no obstante, el mayor problema más importante ahora mismo para el taxi es el asunto de los piratas.

G.M.- En Ibiza el pirateo es descomunal. En Mallorca sufrimos una pequeña dosis de piratas, pero lo que hay en Ibiza es terrible. Es un crimen organizado, hay mafias organizadas y les está costando mucho. El Consell está trabajando, poniendo controles, pero hay mucha mafia montada.

G.T.- En Palma, a nivel de taxi, ¿cómo ha sido la temporada de verano?

G.M.- No ha sido una temporada como las dos últimas. Nos están matando los atascos. Tenemos un exceso de vehículos tanto de residentes como de alquiler. Estamos en una situación mala provocada por el tráfico y el mal funcionamiento del transporte colectivo que nos ha afectado no solo en la eficiencia sino también en lo económico. Si te pilla hora y media de tráfico en vacío, es un tiempo muy largo sin recaudar. La mayoría de los problemas del taxi en España vienen ocasionados porque desde los años setenta el taxi está enfocado por los políticos a cubrir las carencias del transporte público colectivo, y nosotros no tenemos por qué cubrir esas necesidades, porque cuando no existen esas necesidades, hacen que nosotros sobremos. Cuando el transporte colectivo tiene necesidades, es porque los picos de demanda son tan altos que incluso nos ponen en peligro a nosotros mismos. Las paradas se llenan de gente, el autobús va lleno y no puede subir usuarios y toda la gente quiere un taxi inmediatamente. Pero esos no son usuarios de taxi y lo que no podemos hacer es estar cubriendo la demanda cuando los demás no son capaces de cubrir su servicio y encima responsabilizar al taxista. Claro, al político, como responsable del transporte público colectivo, la va bien que la culpa la soporte el taxi, en lugar de ellos.

G.T.- ¿Cómo valoraría el convenio firmado entre los Ayuntamientos de Palma y Calviá?

G.M.- Ahora mismo está siendo un éxito. Han saludo noticias de que ha habido enfrentamientos, pero si los hubo fue al principio cometido por una persona que rompió el retrovisor a otro compañero en una disputa y esa persona ya tenía asuntos judiciales pendientes. Pero no es un tema que sea general. Hay un posicionamiento de una patronal que aquí en minoritaria que habla de que un 70%, en una encuesta, en la que a lo mejor participaron 40 personas, estaba en contra del convenio. La mayoría de los taxis de Mallorca y las asociaciones principales están representados y están de acuerdo. Al taxista le interesa que esto funcione, porque mientras que nosotros nos tiramos piedras contra nuestro tejado, las VTC hacen lo que le da la gana.

Javier Izquierdo