Tras un verano con problemas, Italia estudia mejoras en el sector

En Italia, la ley que regula la actividad del taxi data de 1992 y define los criterios que deben seguirse para realizar la actividad. Además, establece las condiciones para la expedición de licencias por parte de los municipios y la posibilidad de que sus titulares vendan estas licencias a otras personas. Estos dos últimos artículos, el 8 y el 9, están causando la mayoría de problemas del sector, tal y como explican medios italianos. 

Esto es así porque las administraciones locales no expiden nuevas licencias, y la posibilidad de que los taxistas vendan las suyas ha generado un mercado interno con precios muy altos, por lo que una licencia en las principales ciudades italianas pueden llegar a alcanzar los cientos de miles de euros. Todo ello en un sistema que se califica de “poco o nada transparente”, ya que los últimos datos sobre el número total de licencias de la Autoridad Reguladora del Transporte (Art), organismo responsable de la gestión del transporte público, se remontan a 2018 y no se han actualizado desde entonces.

Según dichos datos, a 31 de diciembre de 2018 había aproximadamente 20.000 licencias de taxi activas, de las cuales 7.703 en Roma (2,7 taxis por cada mil habitantes) y 4.852 en Milán (3,4 taxis por cada mil habitantes). El problema, sin embargo, deriva del hecho de que, a pesar del aumento del turismo internacional, en las principales ciudades italianas el número de licencias activas sigue siendo esencialmente idéntico al de 2008, año en que comenzaron las encuestas. En lugar de asignar nuevas, el municipio de Roma perdió siete licencias entre 2008 y 2018. En Milán (norte) tampoco se licitan nuevas licencias desde 2006 y en Nápoles (sur) el caos en las estaciones es tal que hay policías controlando que se respeten los turnos en las filas, donde algunos usuarios denuncian que se les ha llegado a pedir miles de euros por transportarlos a localidades costeras.

Más turismo, mismos taxis

Pero, como decíamos, el problema es que el turismo sigue creciendo, especialmente este último verano en el que, ya sin restricciones, los viajeros extranjeros han vuelto a uno de sus destinos preferidos. En Roma, en los primeros meses del año, el turismo volvió a crecer más que antes de la pandemia: según datos del organismo bilateral de turismo del Lacio, entre marzo y abril de 2023 2,3 millones de personas pernoctaron en la ciudad, el doble que el año último. Entre enero y junio, los taxis realizaron 355.000 viajes sólo desde el aeropuerto de Fiumicino. En 2019, el año anterior al Covid, habían hecho 240 mil.

Las licencias, en cambio, siguen siendo las mismas desde 2006, cuando el entonces alcalde Walter Veltroni (PD) liberó a los últimos 500, en medio de duras protestas y huelgas no anunciadas: los que ya tienen la licencia, de hecho, siguen sin ver con buenos ojos que se concedan nuevas licencias, a pesar de que eso ayudaría a mejorar la imagen general del sector, muy dañada durante este verano. Pero esta mala percepción no solo afecta al taxi, sino al conjunto del turismo italiano. En un país donde el 5 % de su producto interior bruto depende directamente del turismo,  el Ejecutivo de Giorgia Meloni no ha tardado en mover ficha y ya se ha anunciado una serie de medidas para tratar de mejorar la situación del transporte en general y del taxi en particular. 

Concretamente, a principios de agosto se celebró en el Ministerio de Empresa y Made in Italy (Mimit) la mesa de trabajo sobre la reorganización del sector del taxi, presidida por el Ministro Adolfo Urso y por el Viceprimer Ministro y Ministro de Infraestructuras y Transportes Matteo Salvini, junto con diferentes asociaciones del sector. Ambos ministros Urso y Salvini presentaron una serie de propuestas a las organizaciones del sector del taxi, destinadas a identificar una solución orgánica basada en la “eficiencia y la transparencia hacia el ciudadano, en la equidad para los taxistas y respeto a las reglas del mercado”.

Entre las medidas que se han propuesta, por ejemplo, la posibilidad de que los Municipios expidan una licencia adicional en un plazo predeterminado a cada titular que la solicite y que cumpla con los requisitos previstos por la legislación vigente; medidas para hacer frente a los picos de demanda relacionados con grandes eventos o flujos turísticos superiores a la media estacional, con la posibilidad de que los municipios expidan licencias temporales adicionales, para aquellos que ya poseen una licencia, para operar el servicio de taxi; medidas encaminadas a simplificar el mecanismo preexistente de las dobles guías.

Además, también con vistas a la transición verde, los ministros también anunciaron su intención de conceder mayores concesiones para la compra de coches eléctricos o híbridos que se asignarán.

Las dudas de competencia

Ante esta situación inusual, la Autoridad de la Competencia y de los Mercados italiana ha decido también tomar cartas en el asunto. El pasado 1 de agosto, cuando las redes sociales se llenaban de imágenes de turistas desesperados por encontrar un taxi que les llevara a su hotel o destino final, este organismo anunciada una auditoría en el sector precisamente en las tres ciudades clave: Roma, Milán y Nápoles. Con esta medida, la autoridad pretende arrojar luz sobre las cuestiones críticas que crean graves ineficiencias para los usuarios y sobre el sistema de concesión de licencias de "número limitado”.

Para ello, la Unidad Especial Antimonopolio de la Guardia di Finanza ha dirigido, en nombre de la Autoridad, numerosas solicitudes de información a las principales empresas de radiotaxi activas en estos Municipios, así como a las ciudades y a las principales plataformas de reserva. Explican en su comunicado que se ha requerido información sobre el número de automóviles en servicio por turno, sobre el número de viajes realizados por automóvil, sobre las ausencias, sobre los tiempos de espera, sobre las solicitudes pendientes, así como sobre los datos enviados a las administraciones municipales o solicitados por éstas. cumplir con las obligaciones de verificar la calidad del servicio prestado. 

Desde el punto de vista de la protección del consumidor, el objetivo, insisten, es explorar el papel de las cooperativas y de las empresas de radiotaxis para garantizar métodos correctos de prestación del servicio. Por ello se solicitó información encaminada a conocer cómo, en términos concretos, las cooperativas verifican la diligente prestación del servicio a los usuarios por parte de los taxistas participantes, como por ejemplo las indicaciones previstas en los respectivos estatutos con referencia al uso del taxímetro,Además, la solicitó información directamente a los municipios de Roma, Milán y Nápoles y a las principales plataformas de reserva de taxis.