En Las Palmas, la Asociación de Trabajadores Autónomos del Taxi (ATAT), con 930 socios, tiene desde marzo una nueva directiva dispuesta a renovar la “imagen del sector” con un enfoque del siglo XXI. Francisco Reyes, que se estrena como presidente pero no como directivo dentro de la formación, habla en esta entrevista de la buena relación que mantienen con el Ayuntamiento y su balance tras un año con la actual Ordenanza. Ha tenido además duras palabras hacia los implicados en el ‘Caso Floteros’, para los que pide aplicar todo el peso de la ley.
Gaceta del Taxi.- ¿Desde hace cuanto tiempo está al mando de la Asociación?
Francisco Reyes.- Fuimos elegidos el 31 de marzo en Asamblea General Extraordinaria por unanimidad. No hubo ni abstenciones ni votos en contra. Creo que quizás la gente busca un cambio y confía en nosotros para ello.
G.T.- Usted insiste en la necesidad de retirar licencias, en concreto 400, ¿cómo pretende materializar este plan?
F.R.- El Ayuntamiento realizó un estudio realizado hace años que decía que en Las Palmas de Gran Canaria había un ratio de taxis muy superior al del resto de España. Mientras que la media nacional es de 2,2 taxis por cada mil habitantes, nuestra cifra es de 4,3. Nosotros en realidad no pretendemos retirar nada. Nuestro planteamiento es que de los resultados de ese estudio estimamos que estamos unas 400 licencias por encima de lo que debería tener esta ciudad. Solicitamos al Ayuntamiento que en un plazo, entre 8 y 10 años, haga un estudio más minucioso para determinar con exactitud el número exacto y, en función de ese número, quien se fuera retirando o jubilando, se meta en una bolsa y sea el Consistorio quien compre ese permiso.
Nosotros pedimos equilibrio entre los ingresos y los gastos basándonos en la ley. Estamos dedicando muchas horas de trabajo para no obtener beneficio. Simplemente queremos poder pagar los gastos de mantenimiento del taxi y llegar a tener para comer.
G.T.- ¿Qué otras líneas de actuación tiene pensadas para esta legislatura?
F.R.- Además de la retirada de licencias tenemos otros frentes abiertos. Por ejemplo el tema del aeropuerto de Gran Canaria. La Comunidad Autónoma tiene plena competencia en materia de Transporte. Hemos tenido varios conflictos al respecto porque el Gobierno de Canarias, a través de su Directora de Transportes, ha hecho una modificación para que los Cabildos tuviesen que hacer un estudio socioeconómico y así no permitirnos ir a recoger a nuestros clientes como veníamos haciendo. No sólo es un derecho nuestro por los años que llevamos trabajando y porque es una cuestión que venía desde muy atrás, sino que se vulnera un derecho del cliente, de que podamos ir a recogerle al aeropuerto para traerlo a nuestro municipio.
No se trata de que nosotros vayamos a invadir su zona, pues allí disponemos de una zona acotada para recoger a nuestros clientes. Tenemos que facilitar un transfer y aún así los taxistas de esa zona se oponen. Ellos están luchando por sacarnos de allí pero nosotros lucharemos, dentro de lo que la ley nos permita.
En este tiempo al frente de la organización tenemos pendiente además el tema del uniforme, el GPS o el datáfono, que nos han impuesto. La mayoría del sector no está de acuerdo con estas novedades. Nosotros entendemos que se trata de cuestiones que tienen que ser opcionales. Por poner por ejemplo, no hay ninguna ciudad de Europa que tenga uniforme. Entendemos que hay que guardar ciertas formas al vestir pero sin llegar a obligar a ir con un traje en concreto.
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