Carazo defiende su decreto VTC: “es el mejor marco regulatorio”

El Parlamento de Andalucía ha convalidado el Decreto ley por el que se modifica la Ley 2/2003, de 12 de mayo, de Transportes Urbanos y Metropolitanos de Viajeros en Andalucía, por el que se regula el servicio de los vehículos de transporte con conductor (VTC). 

 

La consejera de Fomento, Articulación del Territorio y Vivienda, Marifrán Carazo, ha defendido que se ha dotado del "mejor marco regulatorio". Además, ha reivindicado que se trata de "una normativa con sello netamente andaluz”, distinta a las de Madrid o Cataluña, y ha destacado su carácter "valiente", al permitir que las VTC sigan trabajando en las ciudades, pero fijando unos requisitos "para no dañar al taxi y este servicio público de interés general se vea reforzado y asegurado". 

 

Carazo ha recordado que la voluntad del Gobierno andaluz no ha sido llenar las ciudades de VTC sino "resolver el vacío legal al que nos enfrentábamos por la inacción del Gobierno de España al suprimirse, a partir del 1 de octubre, el servicio urbano de VTC”. "Nuestro propósito ha sido, por tanto, ordenar el servicio de las licencias de VTC en nuestras ciudades para garantizar su convivencia en armonía con el sector del taxi en beneficio siempre del usuario y teniendo claro, como así dice la ley estatal, que los VTC están limitados a dar un servicio por precontratatación", ha remarcado.

 

Además, ha defendido que las medidas han sido debatidas y negociadas con todos los agentes implicados (los VTC, la FAMP, los ayuntamientos implicados o sindicatos), "pero especialmente con el sector del taxi, porque valoramos el servicio que prestan los taxistas y estamos convencidos de que este decreto va a contribuir a su estabilidad". 

 

En este sentido, la consejera ha señalado que en este decreto "se han ajustado al máximo los equilibrios para que convivan en armonía taxis y VTC" y ha recordado que en su redacción final han quedado excluidas dos peticiones de los taxistas "por seguridad jurídica": la precontratación con un tiempo de 15 minutos y la eliminación de licencias estatales concedidas a los VTC. Haberlas admitido, señaló, hubiese supuesto “un escenario de incertidumbre judicial”.

 

Lo que incluye

 

Se establece que no habrá más autorizaciones que las que ha concedido el Estado y se fijan zonas de protección para que las VTCs no puedan aparcar ni circular de forma continuada sin servicio precontratado a 300 metros de aeropuertos, puertos o estaciones de trenes y autobuses, así como a 150 metros de hospitales, grandes centros comerciales y de ocio, paradas de taxis, hoteles de al menos 4 estrellas, sedes judiciales o lugares donde se celebre un evento deportivo, cultural o social.

 

Además, los ayuntamientos podrán establecer como máximo 52 días al año de descanso obligatorio a las VTCs y se incluirá una regulación de precios que evite tarifas abusivas de las VTCs en determinados momentos de gran demanda. En ese sentido, se podrá establecer una tarifa máxima conforme a los principios de proporcionalidad y necesidad y previa audiencia de las organizaciones del sector, de consumidores y usuarios. Por último, se impone a las plataformas intermediarias la responsabilidad indemnizatoria para velar por los derechos del consumidor, así como tendrán que resarcir al cliente por la cancelación del servicio.

En cuanto a los ayuntamientos, estos dispondrán de potestad y capacidad sancionadora, lo que les permitirá también poder recaudar. Por último, la consejera ha mostrado su disposición a seguir dialogando y negociando este marco regulatorio en aras de alcanzar el máximo acuerdo y consenso. / TAMBIÉN ES NOTICIA