José Manuel Rodríguez Uribes, delegado del Gobierno en Madrid, anunció en el día de ayer que podrían ser expedientados los responsables de las manifestaciones y concentraciones de taxistas de las dos últimas semanas que no fueron comunicadas a su departamento con antelación.
En principio, ya se habría abierto expediente a los responsables de las organizaciones de taxistas que cortaron el Paseo de la Castellana y la Gran Vía sin comunicarlo, lo que supondría una ilegalidad conforme a la Ley de Seguridad Ciudadana, y que podría suponer multas de entre 600 y 30.000 euros.
La Delegación ha recibido un informe de la Policía Nacional que servirá para decidir si se multa a los promotores de esas manifestaciones no comunicadas con anteriorirdad. Según explicó el delegado, los promotores fueron la Federación Profesional del Taxi, la Asociación Gremial, Élite Taxi, Asociación Madrileña del Taxi y la Plataforma Caracol.
Sin embargo, la Delegación ha anunciado que el taxi es un colectivo que merece un respeto y que han actuado con determinación para garantizar que el paro de los taxistas fuera compatible con los derechos de los ciudadanos.