El plazo de cuatro años del RDL de VTC será recurrido por Antaxi

La Asociación Nacional del Taxi (Antaxi) ha anunciado que recurrirá ante los tribunales la moratoria de cuatro años que establece el Real Decreto Ley de VTC aprobado por el Gobierno como medida indemnizatoria para los titulares de las autorizaciones de esos vehículos.

 

Según explica el propio RDL, el plazo de cuatro años para que de forma efectiva se pueda limitar la actividad de las VTC en territorio urbano tiene carácter indemnizatorio por las consecuencias que supone para los dueños de las VTC. Además recoge que, si el titular de la autorización entiende que aún con los cuatro años su perjuicio no ha sido cubierto, podrá solicitar una indemnización complementaria.

 

Julio Sanz, presidente de Antaxi, ha manifestado tras valorar la profunidad del texto, que la medida indemnizatoria se trata de “un punto que no está justificado, ya que las expectativas de un derecho no son indemnizables”.

 

Desde Antaxi han solicitado a las administraciones locales y autonómicas “la máxima implicación posible para implantar las medidas necesarias que materialicen el equilibrio entre los dos sectores que desarrollan su actividad en el mismo ámbito con diferente legislación”.

 

El presidente de Antaxi ha querido recordar que las VTC “son el único transporte que no está regulado a nivel urbano a pesar de realizar la mayor parte de su actividad en este ámbito”.

 

Levantamiento del reglamento del AMB

 

Por otro lado, la asociación nacional de los taxistas ha anunciado también que solicitará al Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) el levantamiento de las medidas cautelares contra el reglamento de las VTC que aprobó el Área Metropolitana de Barcelona (AMB), al tiempo que recurrirá la concesión de autorizaciones VTC que estén actualmente en trámite.

 

Pese a estas acciones judiciales anunciadas, desde Antaxi valoran de forma positiva aunque con matices este RDL, puesto que se trata de una legislación que beneficiará a los habitantes de las grandes ciudades y no comprenden la oposición de las empresas de VTC a la nueva norma, dado que “busca ofrecer los mismos derechos y garantías a los usuarios que optan por esta modalidad”.