El proyecto de decreto por el que se regula el sector del taxi en las Islas Canarias contiene entre sus propuestas que los profesionales que trabajen en localidades de más de 200.000 habitantes puedan tener hasta cinco licencias. Actualmente este requisito sólo se cumple en Santa Cruz de Tenerife y Las Palmas de Gran Canaria.
El texto legal incluye, además de la limitación del número de licencias, el establecimiento de tarifas obligatorias, que “deberán ser revisadas cuando se produzca una variación importante en los costes”, y un trato preferente para los asalariados que quieran obtener una licencia en propiedad.
En otro de los artículos se exige que el taxi sea explotado personalmente por el titular o mediante conductores asalariados, pero que en cualquier caso el propietario, a la hora de explotarlo, lo haga “con autonomía económica y de dirección el servicio, gestionándolo a su riesgo y ventura con los medios personales y materiales integrantes de su propia organización profesional”.
El Reglamento también otorga al Ayuntamiento la potestad para rescatar los permisos por causas de interés público, tal y como está ocurriendo en estos momentos en Santa Cruz debido a la saturación de vehículos en las calles.