El taxi pedirá 2.000 millones a la CAM por la nueva regulación de VTC

Tras conocer la propuesta de la Consejería de Transportes de la Comunidad de Madrid de implantar una autorización regional de VTCs, desde el sector del taxi han anunciado que pedirán indemnizaciones para paliar los daños que esta normativa causará sobre los taxistas.

 

La Federación Profesional del Taxi (FPTM), en respuesta a esta nueva regulación de VTC que presentó en el día de ayer el consejero de Transportes Ángel Garrido, ha anunciado que solicitará indemnizaciones estimadas en más de 2.000 millones de euros al gobierno regional.

 

Los taxistas entienden que con esta nueva regulación, el ejecutivo madrileño está otorgando a las empresas de VTC una moratoria de cuatro años de tiempo de trabajo. Durante ese periodo, asegura el presidente de FPTM, Julio Sanz, “pueden seguir realizando transporte urbano e interurbano; y el taxi, amparado en la doctrina del Tribunal Supremo, actuará en consecuencia”.

 

El Estado, insisten los taxistas, ya había indemnizado a las VTC con el decreto Ábalos aprobado en septiembre de 2018 compensándoles con una moratoria de hasta seis años para trabajar en suelo urbano. Por ese motivo, Sanz considera que si la CAM “crea una nueva autorización que entra en competencia directa con el servicio de licencias de taxi, debe indemnizar por los daños causados en el pasado, presente y futuro”.

 

La Comunidad de Madrid “ha cedido una vez más a las pretensiones de los grandes operadores, no legislando hasta el último minuto e ignorando las múltiples peticiones de un sector del que dependen más de 20.000 familias de forma directa y que se siente abandonado”, explica Sanz./TAMBIÉN ES NOTICIA

 

FPTM reclamará por lo tanto judicialmente las consecuencias de que las VTC puedan realizar transporte urbano en competencia directa con el taxi. Además, insisten desde la organización de taxistas, será difícil para la CAM encajar la nueva autorización de VTC con las sentencias del Tribunal Supremo y de la Audiencia Nacional que dictaban la prohibición a estos vehículos de deambular por las calles sin contrato previo.