El taxi se la juega en el Supremo el 17A

El futuro de la reivindicación del sector del taxi de respetar la proporcionalidad entre las VTC y los taxis, dependerá en gran medida de lo que suceda mañana 17 de abril. Ese día, ante el Tribunal Supremo, se celebrará la vista previa de un recurso con dos bandos muy marcados: por un lado la CNMC y las plataformas de VTC que aspiran a la liberalización del mercado, y por el otro, el Gobierno y las asociaciones del taxi, a favor de la regulación del mismo.

 

Puede parecer exagerado, pero no son pocos los representantes del taxi que así lo aseguran: el futuro más inmediato del sector del transporte discrecional de personas, y entre ellos el del propio taxi, está en juego. Ese futuro depende en gran medida de lo que suceda en la Sala III del Tribunal Supremo el próximo 17 de abril. Tal día se celebrará la vista sobre un recurso contencioso administrativo que interpuso la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) contra la modificación del Reglamento de Ordenación de Transportes Terrestres (ROTT) de noviembre de 2015.

 

En la modificación de ese reglamento aprobada por el Consejo de Ministros mediante el Real Decreto 1057/2015, entre otros asuntos, se volvía a dar validez y eficacia a la limitación de una autorización VTC por cada 30 licencias de taxi. Es cierto que esa limitación hoy en día está ya sobrepasada con creces, dado que el número de VTC es muchísimo mayor al ratio de 1/30, pero la modificación del ROTT de 2015 ha provocado que al menos de momento, la situación no vaya a peor. 

 

La importancia de este proceso judicial reside precisamente en que si el Tribunal Supremo accede a las pretensiones de la CNMC, todas las solicitudes para poner VTCs en la calle hechas con posterioridad a la modificación del ROTT, pueden verse satisfechas. 

 

Duro golpe del Supremo

En los últimos meses el taxi ya se ha llevado un duro revés por parte del Tribunal Supremo, que desde el pasado mes de noviembre de 2017 está permitiendo la concesión mediante sentencias de cientos de autorizaciones VTC solicitadas a partir de julio de 2013. Pero en esas sentencias del Alto Tribunal, los magistrados dan un hilo de esperanza a que no se produzca un crecimiento sin freno de las mismas.

 

No dejan de reconocer desde el Supremo que la última actualización de Ley de Ordenación de Transportes Terrestres (LOTT) de julio de 2013 no sirvió para restablecer la proporcionalidad entre taxis y VTC. Y no sirvió porque en la misma ley se reconocía la necesidad de desarrollar esa limitación 1/30 mediante un reglamento.

 

Ese reglamento tardó en llegar más de dos años y ese periodo de tiempo es considerado por el TS válido para conceder VTCs a todas aquellas empresas que durante esa época las solicitaron. Sin embargo, sí que en esas últimas sentencias del Supremo se hace referencia al recurrido RD 1057/2015, al considerar que vuelve a restablecer ese ratio de 1/30 entre VTC y taxis. Es decir, ateniéndonos a lo dictado por los magistrados, el ROTT actuaría como un parche que impediría que las autorizaciones VTC solicitadas después de su aprobación fueran concedidas.  

 

Lucha incesante CNMC

Quizás por ese motivo la CNMC entendió desde un primer momento que esa modificación del ROTT suponía una limitación a la entrada al mercado de nuevos operadores. 

 

Una vez que se conoció el anuncio del Consejo de Ministros de que se había modificado el ROTT, la Comisión Nacional del Mercado y la Competencia reaccionó con firmeza. No habían pasado ni dos meses de su aprobación cuando la entidad presidida por José María Marín Quemada envió un requerimiento previo al Gobierno para que eliminase algunas de las modificaciones contenidas en el reglamento.Visto que desde el Gobierno no se aceptó el requerimiento de la CNMC, el organismo regulador presentó en abril de 2016 un recurso contencioso administrativo contra el RD 1057/2015 ante la Audiencia Nacional. 

 

Sin embargo, dicho órgano decidió consultar al Supremo para saber qué órgano judicial era la competente para conocer del recurso. Finalmente el Tribunal Supremo decidió que resolvería el recurso contra el ROTT al entender que era el órgano adecuado para resolver conflictos nacidos tras una decisión del Consejo de Ministros.

 

En el escrito de su recurso, la comisión reguladora de la competencia defendía la conveniencia de desregular el transporte de viajeros para facilitar la entrada en el mercado de nuevas plataformas digitales en beneficio “del interés general”. Sin embargo, desde el taxi siempre se vio esto como un intento de desregularizar el sector a favor de las grandes multinacionales. 

 

Además de no introducir límites cuantitativos al número de autorizaciones VTC, la CNMC estaba en contra de obligar a que estos servicios se prestasen únicamente con contratación previa dado que de esta forma, se les estaría prohibiendo competir de forma directa en las calles. Tampoco aprobaba la entidad presidida por Marín Quemada las restricciones geográficas en la prestación del servicio, ni el establecimiento de un número mínimo de vehículos para operar.

 

Por todos estos motivos interpusieron la demanda, basándose fundamentalmente en la Ley de Garantía de Unidad de Mercado (LGUM) que entendían vulnerada con la aprobación del ROTT, incidiendo en que tanto los precios como la calidad del servicio estaban siendo amenazados. 

 

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