La Federación Cántabra del Taxi ha presentado una querella contra Felipe Piña García, Director General de Transportes del Gobierno de Cantabria, por incurrir en una posible prevaricación al cambiar de criterio e impedir la transmisión de licencias de taxi por jubilación en territorio cántabro.
Los taxistas acusan al director de llevar a cabo un cambio de criterio injustificado al impedir ahora la concesión del permiso para realizar servicios interurbanos a los taxistas que hayan adquirido licencias a otros profesionales que decidieron venderlas por jubilación. Este cambio de criterio que se lleva a cabo ahora rompe la tendencia que se había adoptado durante décadas cuando no se ha producido ningún cambio en la legislación.
El taxi en Cantabria carece de una ley autonómica, y su normativa y regulación está basada en las leyes de carácter nacional y, a nivel local, en las distintas ordenanzas de los municipios. Es decir, en lo que respecta a la transmisión, los ayuntamientos la aceptan, pero solo con el permiso municipal los taxistas pueden prestar servicio dentro del término municipal.
Sin embargo, el servicio interurbano, entre municipios, es competencia del Director de Transportes, y es él quien otorga el permiso a los titulares para que puedan realizar servicios entre distintas localidades de Cantabria. En este punto, el pasado 21 de febrero de 2023, Piña denegó este permiso a un titular que había comprado una licencia de un taxista que se jubilaba y cuya transmisión había sido aceptada ya por el Ayuntamiento de Cabezón de la Sal.
El Gobierno de Cantabria se acoge ahora en la ley nacional de 1979 que establece en su artículo 14 la intransmisibilidad de las licencias salvo en los casos de fallecimiento del titular en favor del cónyuge, o cuando la licencia con una antigüedad superior a cinco años recaiga al conductor asalariado que la trabajaba al menos durante un año antes de la transmisión.
Pese a esta ley, las normas de ámbito local en Cantabria si que contemplaban y aceptaban la transmisión de licencias por jubilación. Y así se ha aceptado durante años: es decir, las licencias de transmitían con el permiso de los ayuntamientos y posteriormente la Dirección General de Transportes concedía el permiso VT para realizar servicios interurbanos.
Todo esto era así hasta el citado 21 de febrero de 2023, cuando el querellado dictó una resolución en la que denegaba el citado permiso porque no se cumplía la normativa estatal en el caso del taxista que había comprado una licencia en Cabezón de la Sal y que el propio Ayuntamiento había autorizado.
Práctica habitual durante décadas
Los taxistas denuncian que, si la Dirección de Transportes entiende que el Ayuntamiento de Cabezón de la Sal, y otros muchos ayuntamientos a lo largo de décadas, han incumplido la normativa estatal permitiendo la transmisión de licencias por jubilación, ha tenido “infinidad de momentos en los que hacer valer sus argumentos con anterioridad”. De hecho, apuntan a que desde que entró en vigor la Ordenanza de Cabezón de la Sal sí que se han permitido otras tantas transmisiones.
La Federación insiste en que, durante todo el mandato del ahora querellado, él o en quien haya delegado sus funciones, ha autorizado las transmisiones de autorizaciones VT de licencias concedidas en 6 Ayuntamientos, cuya normativa, según el nuevo criterio adoptado ahora por el Gobierno regional, “estaría contraviniendo la estatal”.
¿Actuaba el señor Piña conforme a derecho? Esa es la pregunta que se lanzan los taxistas ya que, según la nueva postura de la Dirección de Transportes, lo que se ha hecho durante décadas, incluido durante el mandato del señor Piña, ahora es ilegal. Por eso entienden los taxistas que se podría haber incurrido en un delito de prevaricación.
Por último, desde el taxi, la Federación Cántabra recuerda que existe un Decreto pendiente de publicación y cuya modificación podría posibilitar las transmisiones por jubilación. Desde el colectivo recuerdan que han solicitado hace meses esa modificación que pondría solución a este problema./TAMBIÉN ES NOTICIA
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