La Autoridad Catalana de la Competencia (ACCO) denuncia que el Decreto ley 9/2022 que regula la actividad de las VTCs en suelo urbano en Catalunya introduce restricciones injustificadas a la competencia y establece unos requisitos a estos vehículos “absolutamente contrario a los principios de buena regulación económica de los mercados”.
En un informe publicado en el día de hoy, la entidad catalana de la competencia critica que la nueva norma condicione el acceso a la actividad de las VTC en el ámbito urbano al cumplimiento de determinados requisitos que “no satisfacen los principios de necesidad, proporcionalidad, mínima distorsión y no discriminación entre operadores y, por lo tanto, resultan injustificadamente restrictivos a la competencia”.
Hay que recordar que, entre otras cosas, el decreto, para que un titular obtenga la autorización que le permita realizar servicios urbanos con una VTC, obliga a que disponga de una autorización previa con un vehículo adscrito permanentemente como mínimo durante el último año desde la entrada en vigor de la norma. Además, debe haber prestado más de 100 servicios durante el año anterior a la entrada en vigor de la norma y los vehículos deben tener una longitud mínima de 4,90 metros.
Para la ACCO, la nueva normativa puede provocar “una significativa reducción de la oferta de operadores de VTC en el ámbito urbano”, e insiste en que se mantienen requisitos “ineficientes” para el servicio como es la precontratación de 15 minutos, la prohibición de la geolocalización o la de estacionar en la vía pública.
Con este nuevo informe, la Autoridad de la Competencia en Catalunya vuelve a posicionarse favorable a las demandas de empresas de VTCs frente a lo que solicita el sector del taxi. Para la ACCO, en resumen, el Decreto ley resulta “contrario a la competencia porque perjudica directamente a los consumidores y usuarios, que verán reducida su liberta de elección de tipología de transporte de viajeros”.
Por último, apuntan desde la entidad de la competencia que el decreto es contrario a las recomendaciones marcadas por la Comisión Europea y advierte que existen riesgos de que el contenido de la nueva norma de VTCs resulte contrario a “la libertad de establecimiento consagrada en el artículo 49 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea”./TAMBIÉN ES NOTICIA