La CNMC recurre el ROTT ante el Supremo

La Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) presentó finalmente en el día de ayer ante la Sala Tercera del Tribunal Supremo su demanda formal contra el Real Decreto 1057/2015 por el que se modificó el Reglamento de la Ley de Ordenación de Transportes Terrestres (ROTT) que regulaba las VTCs.

 

La entidad presidida por Marín Quemada presentó en abril del año pasado un recurso contencioso-administrativo ante la Audiencia Nacional, órgano que decidió consultar al Supremo sobre qué entidad judicial era la competente para conocer del recurso. Finalmente el Tribunal Supremo decidió que resolvería el recurso contra el ROTT y la Audiencia Nacional se encargará de conocer sobre el recurso contra la Orden FOM -que desarrolla la materia reglamentaria de los vehículos de alquiler con conductor-, y que también recurrió la CNMC.

 

Desde la presentación de la demanda en el día de ayer, a partir de ahora se esperan unos meses de proceso judicial donde de un lado estarán la CNMC, Uber, Cabify y Unauto -entidad representativa de los vehículos de alquiler con conductor- y de otro lado estará el Ministerio de Fomento y las principales asociaciones representativas del sector del taxi.

 

La CNMC entiende que con esta última modificación del ROTT que se aprobó el 20 de noviembre de 2015 por el Consejo de Ministros, se vulnera la Ley de garantías de unidad de mercado (LGUM) y de la Ley de la Competencia.

 

Según explica la Federación Española del Taxi (Fedetaxi) en nota de prensa, el escrito de demanda de la CNMC se sustenta en un informe realizado por la entidad reguladora por el que se defiende la conveniencia de desregular el transporte de viajeros para facilitar la entrada de las nuevas plataformas digitales. Hay que recordar que la modificación del ROTT volvía a contingentar, no sin ciertas dudas, el ratio de una VTC por cada 30 taxis.

 

La organización representativa de los taxistas también indica que la CNMC no se presentará en el litigio representada por la Abogacía del Estado como suele ser habitual, sino que estará representada por un despacho de abogados privado. El Ministerio de Fomento si que contará con la asistencia de la abogacía estatal.