Juan Antonio Millán, asesor del Grupo Técnico del Taxi de
En el comunicado, Millán, como experto en movilidad en pueblos del medio rural y turístico, incide además en que el diálogo debe extenderse a todas las partes interesadas en los municipios de la provincia, así como a otras ciudades andaluzas.
En opinión de Millán
"De forma general los taxistas con licencia municipal y autorización VT tienen dificultades legales para prestar servicios públicos a viajeros, para llevar o recoger precontratados que necesitan desplazarse a aeropuertos, puertos, estaciones de trenes o autobuses", ha expuesto, criticando que "la mayor dificultad es la existencia de grupos de taxistas que desean monopolizar en las capitales donde están establecidos las infraestructuras regionales del transporte".
Por ello, según ha afirmado Millán "es un avance significativo el acierto de reconocer la existencia de conflicto de intereses contrapuestos", así como que el Gobierno andaluz "haya destacado que su mediación es para velar por los derechos de todos los trabajadores del taxi, sin enfrentarlos, sino promoviendo soluciones globales, coherentes, y con vocación de permanencia".
A su juicio, proponer soluciones mediante el establecimiento de un área de prestación conjunta supone "superar en ambición y visión de conjunto y estabilidad el principio de reciprocidad modulada", ya que, según ha indicado, "crea espacios de corresponsabilidad entre profesionales del sector y administraciones, favoreciendo soluciones estables a largo plazo".
El asesor del Grupo Técnico del Taxi de la FAMP ha añadido que el transporte público "necesita este tipo de soluciones si se quiere favorecer la movilidad de los ciudadanos en toda Andalucía".