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Los taxistas piden a Fomento que retire la cautelar contra el decreto Colau
Las organizaciones nacionales del sector del taxi se han reunido esta mañana con César Ramos, diputado del Partido Socialista en el Congreso de los Diputados y portavoz de Fomento del citado grupo. En el encuentro los taxistas han solicitado que el Ministerio de Fomento retire la petición de suspensión cautelar del reglamento de VTC del Área Metropolitana de Barcelona (AMB).
La reunión, que se ha alargado por más de dos horas, ha contado con la presencia de representantes de Fedetaxi, Antaxi y la Federación Élite Taxi España. En la misma, y a pesar de estar programada desde hace semanas, se ha debatido sobre la impugnación del Ministerio de Fomento en contra del reglamento de VTC de Barcelona conocida en el día de ayer.
Ramos ha traslado a los taxistas que no tenía conocimiento de la impugnación, algo que los taxistas han considerado como "una falta de rigor y compromiso con el sector". Los representantes de Élite Taxi han explicado al diputado que si quieren que sean desconvocadas las protestas previstas para la semana que viene, Fomento debe retirar, si no el recurso al completo, si la petición de suspensión cautelar.
El diputado socialista ha querido trasladar a los taxistas la necesidad de crear un ambiente de confianza entre ambas partes. En ese contexto, ha informado a los representantes que después del verano estará operativa la web de control de los servicios de VTC aprobada por ley a finales de 2017.
También ha explicado que estudiarán todos los mecanismos posibles para que el 1/30 sea efectivo. Para ello, ha recibido propuestas de las asociaciones del taxi y en las próximas reuniones espera darle una respuesta a los taxistas.
Por último, el diputado ha dejado abierta la posibilidad planteada por el propio Ministerio de Fomento la semana pasada de delegar las competencias de VTC a los Ayuntamientos y las Comunidades Autónomas. Esa posibilidad también la puso de manifiesto Fomento en el día de ayer en la nota de prensa que justificaba la impugnación del decreto Colau.
