Luz verde a la Ley del taxi gallega

El Gobierno gallego anuncia que la futura Ley del taxi limitará el número de licencias que circulen en cada ayuntamiento. El parámetro general será de un permiso por cada 900 habitantes en las grandes ciudades y además permitirá a los profesionales del sector prestar sus servicios de transporte en varios municipios si cumplen una serie de requisitos.

 

La primera Leydel taxi en Galicia regula, de manera muy concreta, el número de permisos que tendrá las localidades según su número de habitantes. Las superiores a 150.000 vecinos(Vigo y A Coruña) contarán un taxi por cada 900 habitantes mientras que en los ayuntamientos con una población igual o inferior a 20.000 ciudadanos se estipula una licencia de taxi por cada 1.500 habitantes, con un mínimo de dos por municipio.

 

En lo relativo a la prestación de servicios en varios municipios, la norma establece que se podrá trabajar, de forma "voluntaria", en áreas de prestación conjunta. Para poder crear estas áreas, se necesitará un informe favorable de "los dos tercios" de los ayuntamientos que la integren y que este porcentaje sea equivalente, al menos, al 75 por ciento de la población del área.

 

El presidente gallego, Alberto Núñez Feijóo, calificaba a esta norma de “novedosa y necesaria” para dar “seguridad jurídica” a un sector con 4.000 trabajadores en la comunidad y que genera un “impacto” en la economía gallega de 160 millones de euros.

 

Radiotaxi único

 

La Ley del taxi propone habilitar un número único para toda la comunidad autónoma a fin de buscar “una única imagen de calidad”, “única y reconocible” en toda la región.

 

Servicio preferente a discapacitados

 

El texto legislativo detalla que uno de sus principales objetivos pasaría por “mejorar la accesibilidad" a personas con movilidad reducida o que sufren algún tipo de discapacidad.
 

 “Deberán dar servicio preferente a las personas con movilidad reducida y se prevé la implantación progresiva de taxímetros que emitan señales perceptibles por personas con discapacidades visuales y auditivas”, ha concretado el presidente.
 

Tras enfatizar sus ventajas, el presidente ha incidido en el “consenso” del que nace esta normativa. Desde su entrada en vigor, los ayuntamientos tendrán un plazo de un año para adaptar sus ordenanzas municipales, en la medida de lo necesario, a la nueva ley.