Más de 10 millones de afectados por el cártel de automóviles

Miles de taxistas y particulares se encuentran a la espera de recibir su indemnización por el cártel de concesionarios que afectaba al precio de los vehículos. Treinta y cuatro marcas de coches fueron condenadas a la mayor multa impuesta al sector del automóvil de España por la CNMC y posteriormente ratificada por el Tribunal Supremo.

 

Treinta y cuatro marcas de coches. El 91% del mercado del motor se ha visto implicado en esta macrodemanda que puede suponer un impacto económico de más de 40.000 millones de euros si todos los afectados decidieran reclamar sus indemnizaciones. Y es que según diferentes fuentes, se calcula que hay, entre empresas y personas físicas, más de 10 millones de afectados de unas prácticas contrarias a las leyes de la competencia y del mercado.

 

La ley entiende que un cártel es “todo acuerdo secreto entre dos o más competidores cuyo objeto sea la fijación de precios, de cuotas de producción o de venta, el reparto de mercados, incluidas las pujas fraudulentas, o la restricción de las importaciones o las exportaciones”. Y se trata de una infracción “muy grave” dentro de la Ley de Defensa de la Competencia.

 

En concreto, las marcas fueron acusadas de haber hecho un intercambio de información confidencial para controlar el mercado de distribución y venta de vehículos. Casi todos los fabricantes con representación comercial en el mercado español, concluía el informe de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia, compartieron información confidencial que abarcaba casi todas las actividades realizadas por la red de distribución y postventa de las compañías: venta de vehículos nuevos y usados, prestación de servicios de taller, reparación, mantenimiento y venta de piezas de recambios oficiales.

 

Las prácticas llevadas a cabo por el cártel hicieron que disminuyera la competencia entre los distintos fabricantes de coches. Esto se tradujo en políticas comerciales menos agresivas y en un menor esfuerzo a la hora de distinguirse de las otras empresas, por ejemplo, proporcionando a sus clientes servicios de más calidad. Para los consumidores, supuso, entre otros, disfrutar de menores descuentos a la hora de comprar un coche nuevo y/o utilizar los servicios de postventa, reparación o mantenimiento.

 

13 sentencias del Supremo

 

Por ese motivo, la entidad reguladora de la competencia inició un expediente sancionador S/0482/12 que en 2015 convirtió en sanciones por más de 171 millones de euros, la mayor multa impuesta al sector del automóvil en España.

 

Casi siete años después, la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo ratificaba estas sanciones, acabándose el recorrido judicial de las empresas multadas para evitar pagar. Concretamente, a lo largo del pasado año, el Tribunal Supremo resolvió 14 recursos de casación relacionados con el cártel de los fabricantes de automóviles. En 13 de sus sentencias, estimó las consideraciones de la CNMC y ratificó las multas al cártel de fabricantes de coches.En otro pronunciamiento, el Supremo revocó el fallo anterior de la Audiencia Nacional -que había sido favorable a la empresa Mazda- y ahora esta tendrá que dictar una nueva sentencia.

 

Desde ese momento, plataformas como la Agrupación de Afectados por el Cártel de Coches (AACC) o Consumidores Afectados por el Cártel de Coches (CACC) se pusieron manos a la obra con demandas colectivas para reclamar daños y perjuicios.  Una vez aceptado por los tribunales que, efectivamente, las marcas incurrieron en una irregularidad de esta dimensión, como decimos, asociaciones y particulares pusieron en marcha una serie de demandas colectivas para obtener indemnizaciones por el perjuicio causado. En el caso del taxi, la Federación Profesional del Taxi suscribió un acuerdo con un bufete experto en reclamaciones judiciales...TAMBIÉN ES NOTICIA

 

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