El gobierno Balear a través de la Dirección General de Transportes ha decidido investigar unas 200 matrículas sospechosas de ofrecer un servicio de taxi ilegal y crear un protocolo de actuación para detectar y sancionar las prácticas fraudulentas.
Ambas medidas fueron acordadas en la sesión del pasado viernes en la que participaron también los representantes de las dos comisiones creadas para combatir el intrusismo en el transporte terrestre.
La primera de estas comisiones se ocupa de detectar las ilegalidades en el transporte de pasajeros en vehículos de menos de nueve plazas, lo cual incluye al servicio de taxi. La segunda comisión lucha contra el intrusismo en el transporte discrecional, regular y de mercancías.
Según informa la Dirección General de Transportes, en esos encuentros presididos por el director general, Juan Salvador, se han analizado los problemas que soporta el sector del taxi, así como los del transporte discrecional, regular y de mercancías.
Con la creación de ambas comisiones el objetivo es hacer frente común contra la piratería, coordinando a las diferentes instituciones afectadas por este tipo de actividades fraudulentas.
El gobierno balear ya aprobó en 2012 el decreto ley de 2012 que establece por primera vez un régimen sancionador, con multas de hasta los 12.000 euros. También está prevista la instalación de hasta ocho cámaras en el aeropuerto de Palma para el próximo verano, que permitirán detectar estas prácticas fraudulentas.