Los Ayuntamientos de estas dos localidades malagueñas han mostrado su apoyo a sus taxistas al considerar injusto el nuevo decreto establecido por la Junta de Andalucía que regula el tráfico en las áreas sensibles.
En nota de prensa del Ayuntamiento de Mijas, el concejal de Transportes, José Antonio Sánchez, expresaba su negativa al proyecto de decreto que la Consejería de Fomento y Vivienda de la Junta pretende aprobar. De acorde a este escrito, la nueva normativa establece que “los taxistas que no presten servicio en Málaga no puedan recoger viajeros del aeropuerto Málaga-Costa del Sol, el puerto o la estación de trenes María Zambrano”.
"No nos parece justo que un taxista de Mijas no pueda recoger a un cliente en estos lugares, que son puerta del turismo en nuestra provincia, cuando este los ha precontratado previamente. Además, es sorprendente que, como establece el nuevo decreto, no puedan hacerlo en Málaga, pero que si les llaman de Algeciras o Cádiz, por ejemplo, sí puedan", dijo el edil.
En respuesta al apoyo recibido por el equipo de Gobierno, el presidente los asalariados mijeños, Antonio Rodríguez, así como su homólogo de Radio Taxi de Mijas, Guillermo Martín, manifestaron su agradecimiento "por apoyarnos en esta reivindicación". En este sentido, Martín aseguró que los taxistas de la provincia solo recogen al 5% de los viajeros que se recogen en el aeródromo, el puerto o la estación María Zambrano. “Por eso no entendemos las quejas de nuestros compañeros de la capital”, apostilló el responsable de del Radio Taxi.
Fuengirola también ha respaldado a sus taxistas. El edil de Tráfico, Rodrigo Romero, requirió mantener los servicios concertados en el aeropuerto como funcionan hasta hoy en día, publican medios de la provincia. Es decir, los profesionales instan a la Junta de Andalucía a que puedan seguir recogiendo pasajeros en dicha infraestructura, siempre y cuando estos sean concertados de manera previa.
Asimismo, la norma para el edil de Tráfico pretende que los taxistas malagueños no puedan recoger clientes en otros municipios en contraprestación por mantener los anteriores servicios. Esto, para Romero, se trata de “una norma discriminatoria porque establece dos clases de taxistas: los de Málaga capital y los del resto de la comunidad autónoma”.