Nuevo escenario en la batalla judicial entre el taxi y las VTCs

Cuando parecía que el asunto había quedado resuelto en 2018, el Tribunal Supremo decidió este pasado mes de julio estudiar de nuevo la proporcionalidad 1/30 que debe haber entre el taxi y las VTCs.  El Alto Tribunal se planteó “reforzar, completar, matizar o, en su caso, corregir” su propia decisión, tras admitir a trámite una serie de recursos de casación presentados por MaxiMobility Spain (Cabify) contra sentencias del Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad de Madrid en las que se rechazaban conceder miles de VTCs a la compañía.

 

En total se calcula que son 14 los procedimientos iniciados en el Tribunal Supremo -la mayoría de estos impulsados por MaxiMobility Spain y otros dos por la empresa Vector Ronda- en los que se debe valorar si la sentencia que emitió el TS en 2018, y que ratificó la ratio 1/30, es contraria a la normativa de la Unión Europea.

 

Sin embargo, el primero de estos procedimientos iniciados por Cabify, y en el que estaban personados Antaxi y Taxi Project para defender el 1/30, se ha agotado por lo que en términos jurídicos se conoce como “preclusión judicial”. Esto significa que la empresa habría dejado agotar el recurso por expiración del plazo. Desde el taxi sospechan que no se debe a un descuido y que podría deberse a un cambio en la estrategia judicial.

 

“La preclusión se produce cuando, agotados los tiempos para realizar los trámites, una de las partes no interviene. Es decir, hay una fecha “x” para realizar los trámites y la dejas pasar. No es que renuncias, simplemente no actúas”, explica Julio Sanz, presidente de la Asociación Nacional del Taxi, una de las entidades del sector personadas en el procedimiento.

 

Estrategia judicial

 

“No es una casualidad, y esto es una estrategia judicial”, indica Sanz, que sin embargo no se atreve a asegurar que la preclusión se haya producido por el hecho de que la organización de taxistas se haya personado en el recurso puesto que advierte que "estamos personados en todos". “No sabemos el camino que van a seguir los otros procedimientos, pero nuestra labor es estar atentos a todos los movimientos”, explica el presidente de Antaxi, que recuerda que para ganar músculo en la defensa jurídica han iniciado una campaña, “El momento es ahora”, con el que recaudar fondos para “estar presente en todos los frentes posibles”. Hasta el momento, ya se habrían recaudado en torno a 7.500 euros. 

 

Desde Taxi Project también son cautos a la hora de valorar la estrategia. “Algo esconden, no es que se les haya pasado el plazo sin darse cuenta. Veremos qué pasa en el siguiente recuso”, explica Alberto “Tito” Álvarez, coordinador de la organización de taxistas, que advierte de otro posible escenario que apunta a que desde el sector de las VTCs se haya podido estar negociando una regulación más favorable con distintas comunidades autónomas.

 

La situación pese a este nuevo escenario sigue en espera, pero de la decisión del Supremo depende que se puedan llegar a conceder o no miles de VTCs. De hecho, se calcula que se habían solicitado más de 120.000 VTCs justo antes de la sentencia del Tribunal Supremo en 2018 que ratificaba el 1/30 y que no permitía a las Comunidades Autónomas conceder aquellas autorizaciones solicitadas tras la aprobación del ROTT a finales de 2015./TAMBIÉN ES NOTICIA