Alberto Matas
Responsable del GEETT
Sin pretender querer hacer comparaciones nos hacemos las siguientes preguntas:
Uno de los debates jurídicos más controvertidos en torno al servicio del taxi, lo hemos localizado en las constantes interpretaciones jurídicas realizadas durante todo el siglo XX, donde nos hemos encontrando versiones muy dispares entre la Doctrina y la Jurisprudencia. Difieren en cosas, como si la actividad privada se destina a la función en el ejercicio de un “servicio público” de transporte de viajeros en automóviles turismo con aparato taxímetro (taxi), o por el contrario es una actividad privada de interés general destinada a prestar un “servicio al público”; o si la licencia es una concesión administrativa que nos otorga una función esencial en el Servicio Público como parte de los servicios municipales de transportes de viajeros, la cual se configura en un acto constitutivo de derecho, o es una simple “autorización reglamentada” que tan solo habilita algo, que prohibido en un principio, es autorizado para poder usar un dominio público destinado al interés general, configurándose como un acto declarativo de derechos.
Las diversas modulaciones a las que está sometida la licencia por parte de la Doctrina conllevan que sea un acto administrativo muy complejo, independientemente de que el régimen jurídico se establezca sobre la base de la construcción y constitución de una actividad económica privada, con sujeción a una estricta regulación administrativa por el Interés General.
El destino de nuestra actividad ha ido absorbiendo esa noción abstracta de servicio público dando alimento a las diversas interpretaciones que nos han otorgado, unas veces como “servicio público virtual impropio”, otras como una “actividad privada reglamentada”. Estas variables consiguen en ciertos momentos desnaturalizar la licencia en su entorno jurídico. Empezando por la laguna existente en la identidad, de esa privación de estructura, de la negación en la mejora operativa y productiva, de esa carencia formativa, de esa falta de componente público. Hoy nos demuestra cómo en pleno siglo XXI el sector está totalmente enterrado en un sinfín de problemas, sumándose nuevas complicaciones como son las tendencias liberalizadoras en las actividades económicas producto de la globalización donde la nueva economía y las tecnologías hunden aún más al sector ante la falta de capacidad operativa y de gestión integral. La Unidad del sector no significa un apoyo incondicional, sino más bien, la suma de ideas de entre todos. Continuará.......