Los ayuntamientos de diferentes municipios del sur de Tenerife, junto con el sector del taxi de la comarca, han mantenido un encuentro para "hacer frente común" y "combatir la problemática" que está generando la implantación del servicio de Uber en esta parte de la Isla.
Entre las conclusiones de este foro, se acordó proponer al Gobierno de Canarias que efectúe, "a la mayor celeridad", las modificaciones legislativas pertinentes para introducir factores de sostenibilidad y de congestión del tráfico en la regulación relativa a posibles nuevas solicitudes de VTC en Canarias, que vayan más allá de criterios de estricta libre competencia y de las particularidades de la ultraperificidad de las islas Canarias.
Jennifer Miranda, alcaldesa de Granadilla de Arbona, argumentó que se trata de aunar esfuerzos para abordar una situación que afecta a toda la comarca y a un sector del que viven directa e indirectamente miles de familias, y que en estos momentos se encuentran en una situación “delicada” y de “incertidumbre”. En este sentido, hizo hincapié en que “es necesario la unión para actuar con urgencia y lo antes posible para que se puedan realizar este año las modificaciones oportunas de la normativa que regula al sector y poder dar garantías y seguridad al sector del taxi”.
En la reunión, convocada por el Ayuntamiento de Granadilla de Arbona, se ha contado con la presencia de las alcaldesas de Granadilla de Abona, Jennifer Miranda; de Arona, Fatima Lemes, y de Guía de Isora, Ana Dorta, y de los alcaldes de San Miguel de Abona, Arturo González, y de Santiago del Teide, Emilio Navarro, aparte de los concejales de Transportes de Adeje y del resto de municipios y los representantes de las asociaciones del taxi del sur, entre otros. Todos ellos coincidieron en que se trata de un tema "preocupante" ante el que hay que actuar con "celeridad" y minimizar las consecuencias de la implantación de la plataforma en la isla.
En cuanto al sector, los representantes de las asociaciones del taxi agradecieron la celebración de este encuentro y reconocieron que la situación es de “incertidumbre” y “muy delicada”, por lo que pidieron una regulación y una modificación legislativa para hacer frente a las licencias de Uber, además de la colaboración de las policías locales, y también que se dé traslado del acuerdo a Cabildo y Gobierno de Canarias.