Primer cara a cara de AMT y Uber en los tribunales

Con la sonada ausencia del Director General de Transporte de la Comunidad de Madrid, Federico Jiménez de Parga, citado en calidad de testigo, el Juzgado de lo Mercantil número 2 ha celebrado la vista sobre las medidas cautelares contra la empresa Uber a petición de la Asociación Madrileña del Taxi, AMT. Finalmente, y dada la afluencia de público a la vista, ésta tuvo lugar en la sala de vistas del Juzgado de los Mercantil número 3. 

 

Jiménez de Parga, citado junto con otros cuatro testigos en esta vista pública, ha sido requerido nuevamente para testificar el próximo lunes 2 de marzo. En caso de no hacerlo, se le apercibirá por desobediencia. Sí ha testificado al perito informático encargado de realizar el seguimiento del entramado de la empresa Uber en internet, mientras que el resto de testigos, dos detectives, Julio Sanz, presidente de Federación Profesional del Taxi de Madrid y Román García Polvorinos, no han tenido que hacerlo.

 

El abogado de Uber ha solicitado en repetidas ocasiones el alzamiento de las medidas cautelares por estar creando un grave perjuicio a la empresa, que no puede operar en nuestro país desde diciembre del pasado año. Además, ha argumentado defectos de procedimiento y ha señalado precipitación por parte del juez a la hora de dictaminar la cautelar por no haberles concedido audiencia previa. Insisten en que Uber no es una empresa de transporte sino de servicios de la sociedad de la información. En un breve comunicado, la empresa considera que “no se cumplen las condiciones que justifican este tipo de medidas y que esta decisión perjudica a otros servicios y usuarios de la compañía”.

 

Afirmación que contradice el argumento del letrado de AMT, José Andrés Díaz, quien ha ratificado que no se trata de un tema de economía colaborativa sino de incumplimiento de normativa de transporte. Tal y como explicó el abogado, “tienen que ser transportistas y Uber no contrata transportistas sino conductores particulares”. Por todo ello insistió en mantener las medidas cautelares. “Si no se hubiera tomado ninguna medida, Uber seguiría actuando de forma ilegal”, alegó.

 

Además de la ausencia del Director General de Transportes, Felipe Rodríguez Baeza ha calificado como un error que no hayan acudido otros representantes del taxi, opinión que compartía Julio Sanz, presidente de FPT, quien considera imprescindible la unión del sector en estas circunstancias y no entiende que “falten representantes que en otros lugares no faltan a la hora de sacarse una foto fácil”.No entraron a valorar, pero sí mostraron su apoyo al taxi acudiendo a la vista, los presidentes de la Sociedad Cooperativa, Carlos Herrera, y el presidente de Radioteléfono Taxi, Julio Hernández, ante una causa de vital importancia para el sector.