Sevilla avanza en la implantación de su app pública de taxi

El Instituto del Taxi de Sevilla hizo público el pasado viernes que sacará a licitación el contrato para la adjudicación a una empresa del estudio previo a la implantación de una aplicación pública de taxis y un sistema integral de gestión de flotas.

 

Según explicó la administración local en un comunicado, este estudio responde al compromiso adquirido con las principales asociaciones representativas del sector para la puesta en marcha de un Plan de Mejora de los Niveles de Calidad del Servicio del Taxi, que se conoció en el mes de junio. Pero además, este estudio ya había sido acordado para su inclusión en los presupuestos de 2016 tras una enmienda realizada por Izquierda Unida.

 

Juan Carlos Cabrera, delegado de Seguridad, Movilidad y Fiestas Mayores del Ayuntamiento de Sevilla, indicó que el estudio responde a la necesidad de “adaptar un servicio en el que cada vez existe más competencia a las necesidades de la población”. Una vez finalice el periodo de licitación y sea adjudicada la realización del estudio, los trabajos se habrán de realizar en un periodo de cuatro meses.

 

El estudio, que recogerá las características que deberá tener esa futura aplicación móvil municipal con la que el ciudadano podrá gestionar la demanda de taxi a través de su Smartphone, ha sido presupuestado en 72.249,10 euros.

 

En la segunda fase está previsto que se desarrolle un sistema de gestión integral de la flota, la cuál será alimentada por la información facilitada por dicha aplicación. Con este sistema tanto la administración como los profesionales obtendrán información estadística sobre los momentos de mayor o menor demanda, así como los puntos de concentración de la misma.

 

Por último, el sistema de geolocalización necesario para desarrollar la aplicación también se podría emplear como un soporte para una implantación en los vehículos del denominado “botón de pánico”, mediante el cual los taxistas podrán lanzar una señal de auxilio silenciosa a los cuerpos y fuerzas de seguridad del estado en caso de alerta durante la prestación del servicio.