Ángel Bravo Tardáguila es el nuevo presidente de Uniatramc Federal y Madrid. Incentivar la formación es una de sus prioridades y anuncia, como novedad, que a partir de septiembre impartirán cursos de la cartilla municipal del taxi.
Otro de los grandes asuntos es trabajar para combatir las nuevas amenazas tecnológicas en el transporte y en el taxi. Un problema que durante todo este año ha generado una gran alarma y una verdadera espiral de protestas en las principales capitales europeas. Para luchar contra ello solicitan, entre otras medidas, la inmovilización inmediata de los vehículos piratas y aumentar el número de inspectores en la Comunidad de Madrid.
Gaceta del Taxi.-¿Cómo ha sido su desembarco en sus nuevas responsabilidades? Aunque muchos asocian UGT-Uniatramc únicamente con el sector del taxi, ustedes no solo defienden al taxi…
Ángel Bravo.-Hemos estado muy ocupados y nuestras primeras actividades han sido reabrir la sede en Madrid y reformar las instalaciones para montar el aula de formación autorizada y homologada, que ya está lista. Aprovecho para informar a los taxistas de que, como novedad, en septiembre impartiremos en nuestra sede por primera vez los cursos para la obtención de la cartilla municipal de taxi. Además de ofrecer todo tipo de servicios para los autónomos y otro tipo de cursos como riesgos laborales, salud… Creemos que es un avance muy importante para nosotros. Quiero recordar que Uniatramc representa a la inmensa de autónomos de transporte ligero y negocia acuerdos de interés profesional con distintas empresas como si fuera un convenio colectivo. Me refiero a la figura del autónomo dependiente, TRADE, aquel que trabaja para una única empresa más del 75% del tiempo.
G.T.-Uno de los principales problemas a las que se enfrenta el sector es el intrusismo y en especial la amenaza de la economía colaborativa. ¿Cómo está abordando este problema Uniatramc?
A.B-De momento ya nos hemos reunido con los diferentes grupos parlamentarios para trasladarles toda la problemática que tiene el taxi con Uber y con el intrusismo. Al ver todo lo que está sucediendo en Francia, estamos volcados al 100% para que plataformas tecnológicas, como Uber, desaparezcan totalmente. Pero insisto, no solo esta aplicación, sino también otros peligros, como son los particulares que hacen este tipo de servicios ilegales en sus vehículos. Es precisamente este tipo de intrusismo el más difícil de combatir.
Desde Uniatramc hemos presionado y solicitado que se modifique la Ley de Transportes de la Comunidad de Madrid para que, al igual que en otras comunidades. Queremos que se inmovilicen los vehículos que realizan este transporte pirata. Queremos que una vez detectada la infracción se les retire el vehículo, como sucede en Andalucía. Al quitar la herramienta que utiliza el pirata para perjudicar al sector del taxi le estás quitando de verdad de la circulación. Es una cuestión que solicitamos al Partido Popular pero que no se aprobó. Ya estamos trabajando para solicitar una reunión con las nuevas administraciones, aunque en el caso de la inmovilización afectaría al nuevo equipo de Cifuentes, y esperamos poder reunirnos en septiembre con el nuevo Consejero de Transportes para abordar este y otros temas que afecten al taxi.
G.T.-El transporte y el taxi en particular están siendo muy combativos con estas plataformas porque entienden que el objetivo es atacar a la columna vertebral de este sector. ¿Comparte estos criterios?
A.B.-Entiendo que con el trabajo colaborativo lo que se pretende en realidad es abaratar costes salariales. No existe ni relación laboral, ni seguro médico, ni defensa a nivel de derechos del trabajador porque esta figura desaparece y se convierte en colaborador. Sin embargo, hay sentencias en las que queda demostrado que sí existe una relación laboral entre la empresa y los colaboradores, por lo que les obligan o bien a darse de alta como autónomos o bien a contratarles como asalariados. En el caso de Uber, no quiere tener ni cargas laborales ni sociales, provocando una situación de desprotección hacia sus trabajadores totalmente ilegal desde un punto de vista laboral. También hay un claro incumplimiento fiscal.
No hay que olvidar que en España y en Europa el sector transporte está regulado y contingentado, porque nuestras normativas obligan a la propia administración a que haya cierto equilibro entre oferta y demanda. Lo que no puede ser es lo que está ocurriendo que un día haya miles de personas ofreciendo transporte de mercancías o de viajeros porque eso hunde a las empresas que están ejerciendo legalmente esa actividad desde hace años y de manera profesional. Lejos de crear empleo, lo que se está haciendo es destruirlo y poner en peligro el sector.
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