“El servicio de VTC debe estar precontratado”

La Generalitat de Catalunya fue la primera comunidad autónoma que decidió regular las VTC tras el decreto Ábalos e introdujo una precontratación mínima de 15 minutos para estos servicios. Meses después, tras ser puesto en marcha el polémico decreto ley, Pere Padrosa, director de Transports y Mobilitat, considera que era necesaria una diferenciación entre el taxi y las VTC y que las medidas aprobadas por la administración catalana están ajustadas a la legislación vigente, al contrario de lo que denunciaron las plataformas de alquiler con conductor.

 

Gaceta del Taxi.- Coincidiendo en el tiempo con la presentación del borrador decreto ley de VTC en Catalunya, estalló la huelga del taxi en Barcelona el pasado mes de enero. ¿Cómo se vivieron esos días desde la Dirección de Transportes que lidera?

 

Pere Padrosa.- Creo que son dos cosas distintas. La huelga del taxi se genera por el clima que hay entre los dos sectores, y la reivindicación del taxi se fundamenta en que consideraban que las VTC operaban de forma similar. Esto provocó la huelga, no solo en Barcelona sino que también en otros lugares como Madrid. Por otro lado Catalunya, tras el RDL 13/2018 en el que recibía competencias delegadas en materia de VTC, afrontó la posibilidad de poder dictar un decreto que se convalidaría en el Parlamento Catalán para poder distinguir las dos actividades.  En cuanto a cómo lo vivimos, pues lo hicimos con una gran preocupación por lo que suponía, pero con la normalidad que nos permitía actuar conforme a la ley.

 

G.T.- Los taxistas basaban su queja y demandaban la ley porque entendían que era nula la regulación de VTC. ¿Entiende que en Catalunya era necesaria la diferenciación de los dos servicios?

 

P.P.- Entendemos que hasta el RDL 13/2018 la competencia era del Estado, y la situación era muy compleja con motivo de la Ley Omnibus, que a partir de 2009 creó una serie de vacíos legales y rompía con la proporcionalidad de 1/30. A partir de aquí, el Estado determina que esto se ha convertido en un problema de ámbito urbano, y en ese momento delega las competencias a las CCAA. Desde entonces vimos que era urgente tomar medidas, pero fundamentalmente porque teníamos las competencias. No es que no fuera necesario, es que simplemente nosotros no podríamos hacer nada anteriormente.

 

G.T.- Pero una vez que el Estado, por medio del llamado decreto Ábalos, habilita a las CCAA a regular las VTC. ¿Entiende que no se podía seguir con esta escasa diferenciación del servicio, sobre todo en el ámbito urbano?

 

P.P.- Intentamos buscar cuáles eran los cometidos que podrían diferenciar el servicio de taxi y VTC. Uno de ellos, y el que más controversia ha llevado, no es otro que el de la precontratación. Los demás se dan más o menos por buenos y son asumidos. Pero el servicio de VTC es un servicio que debe estar precontratado y el taxi tiene el carácter de la inmediatez, es decir, poder actuar desde una parada en la calle o poder ser parado a mano alzada como servicio inmediato. Había que establecer un criterio de proporcionalidad y era la hora de establecer esa diferenciación entre ambos servicios.

 

 G.T.- ¿Cómo recibieron la reacción de las grandes plataformas de VTC que de manera instantánea amenazaron con su salida de Catalunya? ¿Se lo esperaban?

 

P.P.- Durante el periodo de intermediación que hubo para intentar buscar fórmulas en las que las dos partes pudieran cohabitar de manera correcta ya anunciaron cuál era su posición. No es tanto como recibiéramos esto sino cómo se posicionaron. Creyeron que la precontratación no les era suficiente para ellos y entonces aplicaron su legítima práctica de libertad de empresa de marcharse. Pero nosotros no podemos manifestarnos ni a favor ni en contra. La libertad de empresa existe y cada uno puede explotar su negocio como considera oportuno en base a la normativa existente en cada momento.

 

G.T.- Sin embargo, ellos manifestaron que, como consecuencia de esa precontratación de 15 minutos, su negocio en Catalunya, en concreto en Barcelona, carecía de sentido. ¿Creé que introducir esa precontratación acaba con su actividad?

 

P.P.- Desde el momento que tomamos la decisión, y basándonos en informes jurídicos que se habían establecido por la vía jurídica central de la Generalitat, actuamos siempre al amparo de la ley y nosotros, por el hecho de que considerasen que no era posible desarrollar su trabajo, es algo en lo que no podemos entrar. Ellos considerarán cuál es su modelo de negocio y en qué está basado.

 

G.T.- Habían anunciado que iban a impugnar el decreto ley que regula las VTC. A día de hoy, ¿les ha llegado alguna notificación?

 

P.P.- No, no nos ha llegado ninguna.

 

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