Javier Santos es taxista de Madrid desde hace tres años y desde el mes de abril de 2013 el único que lleva cámaras de videovigilancia en su taxi. Decidió ponerlas por su seguridad y la tranquilidad de los usuarios, que agradecen este extra de seguridad cuando montan en su taxi.
Pero llegar hasta aquí ha sido un viaje de burocracia y papeleo que ha durado 8 meses. En abril de 2013 Javier decidió comunicar al Ayuntamiento la instalación de su sistema de cámaras, un trámite insuficiente para la administración que solicita a la empresa instaladora la certificación de su instalación. “La empresa estuvo dos meses persiguiendo al Ayuntamiento”, explicó a nuestro medio.
Justo un año después y si se aprobara la modificación de la Ordenanza, cualquier profesional que decidiera instalar un sistema de videovigilancia en su vehículo realizaría un viaje diferente. Se eliminaría la autorización establecida para la instalación de estas cámaras por considerarlo un trámite “excesivo” y se sustituye por una simple comunicación.
Sin embargo, pese a la dejadez de Ayuntamiento y asociaciones, quienes en opinión de Javier poco o nada están haciendo por fomentar este tipo de sistemas entre los profesionales, el resultado ha merecido la pena. “Prefería prevenir que curar y por eso opté por las cámaras”, explicó a nuestro medio. “Son dos cámaras visibles, llevo diferentes pegatinas informativas y, de momento, ningún usuario se ha bajado del vehículo”.
Tampoco considera que la inversión sea desproporcionada y recuerda a sus compañeros que “lo único que tienen que valorar es su seguridad”. Además, a diferencia de otros sistemas como la mampara, las cámaras pueden volver a instalarse en otro vehículo. “Yo les animo a que lo hagan, nosotros vamos más seguros y los usuarios también”.