La Junta prepara un reglamento para las VTC rechazado por el taxi
El Gobierno de la Junta de Andalucía ha presentado un borrador del decreto-ley por el que se pretende aprobar un Reglamento para la actividad de los vehículos de transporte con conductor (VTC) en tierras andaluzas y, de esta forma, adaptarlo a las directrices europeas, estatales, y al propio decreto que aprobó la Consejería de Fomento en el año 2022.
En un primer momento, la resolución fue publicada en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía (BOJA) y días después, la Federación Andaluza de Autónomos del Taxi (FAAT), que es la organización mayoritaria en la representación del sector en Andalucía, presentó sus alegaciones en el registro electrónico de la administración.
Este nuevo Reglamento de vehículos de transporte con conductor (VTC) que tiene previsto aprobar la Junta de Andalucía incluirá, como principal novedad, límites a la concesión de nuevas autorizaciones. También se establecen también límites a los precios abusivos en situaciones de alta demanda y se obligará a los conductores a superar un examen de capacitación profesional.
El texto fija dos condiciones por las que se podrán negar nuevas autorizaciones. La primera es de carácter medioambiental y hace referencia a que se rechazarán nuevas VTC cuando se superen valores límites anuales de NO2 o PM 2,5 o el valor objetivo a largo plazo del O3, de acuerdo con el último informe publicado por el Ministerio de Transición Ecológica y Reto Demográfico. Este requisito, no obstante, no se aplicará si se trata de un vehículo eléctrico cero emisiones de batería, célula de combustible o de combustión de hidrógeno. En ese caso, establece el borrador, sólo la autorización estará habilitada para prestar servicio si el vehículo adscrito a la misma es cero emisiones.
Otro elemento que servirá para rechazar la concesión de nuevas licencias es el coeficiente o intervalo que se determine en un estudio técnico elaborado por la Consejería competente en materia de movilidad, y en el que se tendrá en cuenta las VTC que pueden prestar servicios urbanos, las VTC que prestan servicios interurbanos y las licencias de taxi. Además, también se atenderán para fijar este coeficiente variables socioeconómicas como la densidad poblacional, la densidad de viajeros, las pernoctaciones por viajero, el número de vehículo por cada 1.000 habitantes, el número de taxis por cada 1.000 habitantes, etc.
Límites a los precios abusivos y examen de acceso
En lo que se refiere a los precios, el reglamento establece que “por razones de interés general” para evitar precios abusivos a los usuarios, en situaciones especiales de alta demanda, el precio final del trayecto en ningún caso podrá duplicar el precio ordinario ofrecido para ese mismo trayecto por el operador de transporte o empresa intermediaria a los usuarios del servicio. Además, establece que las empresas o plataformas VTC deberán informar de manera clara a los usuarios.
También fija el reglamento requisitos para la profesión de conductor VTC. Estos deberán disponer del permiso de conducir con al menos un año de antigüedad, disponer de un certificado de capacidad profesional para el ejercicio de la actividad que será expedido por la Consejería competente en materia de transporte; estar dado de alta y al corriente de pago en el régimen correspondiente de la Seguridad Social y no desempeñar simultáneamente otros trabajos que afecten a su capacidad física para la conducción.
Para la obtención de ese certificado profesional, las personas conductoras de VTC deberán acreditar unos conocimientos a través de un examen. En ese examen se preguntará sobre la normativa vigente en VTC, interacción con los clientes, atención a viajeros con discapacidad, primeros auxilios y conducción eficiente y sostenible. Los aspirantes, además de tener en vigor el carnet de conducir desde hace un año, no deberán haber sido condenados por delitos de naturaleza sexual, ni padecer enfermedades infecto-contagiosa, además de tener su residencia habitual en España.
Habrá un tribunal calificador compuesto por empleados públicos con conocimientos en la materia de transporte terrestre. Los exámenes se realizarán en la provincia en la que se hubiera presentado la solicitud y consistirán de una prueba escrita compuesta por 50 preguntas tipo test, cada una de las cuales constará de 4 respuestas alternativas sobre materias del programa, de las que solo una será correcta. Para aprobar el examen, sobre un máximo de 50 puntos, se deberá haber obtenido al menos el 50% de esta puntuación. El tiempo máximo será de una hora. Los conductores una vez entre en vigor el reglamento que estén desempeñando la actividad tendrán un plazo máximo de dos años para la obtención del certificado de capacitación.
En el borrador del reglamento en el artículo 14 también se hace referencia al régimen sancionador. Serán constituidas de infracciones muy graves la realización de un servicio por un conductor que carezca del certificado de capacidad profesional de VTC, no disponer del número mínimo de vehículos adaptados por parte de los titulares de VTC que tengan una flota superior a 100 vehículos, el incumplimiento de las condiciones de horarios y descansos, incumplir el precio máximo de servicio en supuestos de alta demanda, así como no cumplir con las características técnicas establecidas en ley. También será considerada una infracción muy grave no llevar a bordo del coche el contrato o justificante de comunicación en el registro de VTC.
Valoración negativa del Reglamento
Esto es a grandes rasgos lo que regula el reglamento que la Junta quiere aprobar para las VTC. Sin embargo, el taxi tiene derecho a presentar alegaciones y así lo hizo la FAAT, valorando “negativamente el texto del decreto”, al considerar que hay un “escaso desarrollo de asuntos tan importantes como el régimen sancionador y los criterios para el otorgamiento de nuevas autorizaciones VTC”.
“Se han desarrollado unas normas excesivamente laxas y permisivas, desprotegiendo los derechos de los usuarios y favoreciendo, una vez más, la competencia del sector de las VTC con respecto a los taxis”, indica la federación andaluza de taxistas, cuyo presidente, David Capelo, confirmó a nuestro medio que sus alegaciones estaban centradas en “desarrollar mejor el otorgamiento de autorizaciones VTC y el acceso a la profesión”. “No es de recibo que las personas tengan más dificultad para acceder a la profesión de taxista que a la de conductor de VTC”, indica Capelo al hilo de la supuesta dificultad que puede tener el nuevo examen que plantea la Junta para acceder a esa profesión.
Con respecto a otorgamiento de nuevas autorizaciones, desde FAAT lamentan que el decreto se centre solo en aspectos medioambientales cuando existen otros aspectos iguales o más importantes como son “la gestión del transporte, el exceso tráfico rodado y la protección del patrimonio”. La Junta establece en el proyecto que el otorgamiento de las autorizaciones va relacionado con un estudio técnico, pero denuncian desde el taxi que el decreto no considere obligatorio dicho estudio “cuando debería serlo”. “Además, en el trámite de creación de nuevas autorizaciones no se le da audiencia a ningún colectivo, organización ni sector, algo incomprensible. Son varias las sentencias que reconocen a las asociaciones de taxistas la condición de interesado en el ámbito del transporte”, indica Capelo, recordando que “a las organizaciones de VTC sí se le da audiencia en el trámite de creación de licencias de taxi”.
Alegaciones presentadas FAAT
Con todo esto, desde el taxi lamentan el texto que les presentaron desde la Junta. “Es de un notable desinterés, por no decir dejadez de funciones, esperar tres años para reglamentar en ocho páginas escasas un sector tan importante en Andalucía como el de las VTC, cuando el sector del taxi se ha reglamentado en 43 páginas”.
En total la Federación Andaluza ha presentado alegaciones sobre 11 aspectos que aparecen en el proyecto. La primera de ellas se centra en la necesidad de que las VTC cumplan la reciente normativa que exige que un 5% de VTC sea adaptado a PMR. La ley exige que se denieguen nuevas autorizaciones de VTC si no se cumple con dicha adaptación.
También demandan, en relación a los precios, transparencia del algoritmo que regula los precios de los servicios de los VTC. Aunque el decreto indica que en situaciones especiales de alta demanda en ningún caso se podrá duplicar el precio “ordinario ofrecido”, se desconocen los criterios y algoritmos para calcular dicho precio “ordinario”, por lo que exigen transparencia para garantizar los derechos de los usuarios.
Insisten en que sea obligatorio el informe previo al otorgamiento de nuevas autorizaciones VTC, y que además se dé audiencia al sector del taxi. Por otro lado, piden que se detalle y se amplié la documentación que deben llevar a bordo de las VTC, que se cree un registro de conductores, que se regule mejor el examen de acceso y, sobre todo, que se aclare con detalle el régimen sancionador. También centran sus demandas en los derechos de los usuarios y en mejorar las labores de inspección y control./TAMBIÉN ES NOTICIA
