Dos años después de La Ley Ómnibus

Después de hacerse pública la sentencia del Tribunal Supremo, que con la eliminación del artículo único, punto catorce del RD 919/2010 relativo al ROTT, suaviza las condiciones para la adquisición de nuevas licencias de vehículos de alquiler con conductor (VTC), tanto UNALT como la CTE han dado su muy diferente valoración sobre las consecuencias que dicha actuación puede tener en el sector del taxi.

Mientras que desde la Unión Nacional del Taxi, su presidente, Santiago Fraile, insistió en que la gestión realizada por la anterior directiva, con José Luis Funes como presidente, contaba con el apoyo unánime de la Junta de Gobierno actual, para la Confederación, señalaban que tanto la Unión Nacional como UNAUTO se han “equivocado” con la estrategia. Para su presidente, Artemio Ardura, con estas actuaciones perjudican “a todos los taxistas de España”, ya que a su juicio lo que se está pidiendo es que “se liberalicen cuestiones que van directamente en contra de los intereses del sector del taxi”, si bien señala que esta sentencia no concede nuevas autorizaciones.

Una postura que también comparte el presidente de Gremial Madrid, Julio Moreno, asociación que pertenece a UNALT y que tras conocer la sentencia anunciaba su intención de abandonar “definitivamente” la misma. Para Moreno, que en el momento de la interposición del recurso era secretario técnico de la Unión Nacional, lo que se desprende de la sentencia es que la Unión Nacional “ni siquiera defiende a los taxistas”, sino que “al defender la completa liberalización del régimen de transporte por carretera, en su recurso al tribunal supremo, ha traicionado completamente al sector del taxi”.

Se refiere el presidente al tercer párrafo del fundamento de derecho tercer, que dice textualmente “que el sentido general del recurso en términos generales favorece a la liberalización de la actividad del transporte por carretera”. A su juicio, parece “verosímil, tal como indica el ponente, pensar que lo que en realidad pretenden las asociaciones recurrentes, UNALT y UNAUTO, es que declaremos que el acceso al mercado del transporte por carretera, no contempla hoy limitación alguna”.

Por su parte, el presidente de UNALT desmiente rotundamente que se haya pedido la liberalización del sector. Aclara que su entidad no actúa en oposición a los intereses del taxi, recordando que siempre se ha posicionado contra la liberalización de los vehículos de alquiler con conductor. Señala además, que fueron ellos quienes encabezaron la manifestación de diciembre de 2009 contra la inclusión del artículo 21 en la Ley Ómnibus, mientras que desde la Confederación del Taxi de España se les acusaba de “irresponsables”. 

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Una demanda polémica

Sin duda uno de los principales puntos de desacuerdo entre las dos organizaciones nacionales es el por qué desde UNALT se decidió interponer este recurso contra la modificación del ROTT. Un recurso que, para Ardura, de haberse tenido en cuenta totalmente, habría supuesto “la liberalización total del sector de arrendamiento con conductor”.

Desde UNALT, por su parte, consideran que la sentencia del Tribunal Supremo viene a confirmar los planteamientos sostenidos desde hace años por UNALT tras la modificación de la Ley de Ordenación del Transporte Terrestre, LOTT, y pone de manifiesto “el tremendo error de la CTE” que minimizó los efectos de la Ley Ómnibus para el taxi. Para Fraile, lo único que están haciendo los tribunales es aplicar la ley, “dejando claro que sí afecta al sector del taxi”.

Una opinión que suscribe UNAUTO, Unión Nacional de Autoturismos ,que presentó conjuntamente con UNALT dicho recurso. Desde la organización, su presidente, Jesús Lucio García recuerda que el mencionado recurso fue interpuesto por ambas entidades por no corresponderse con lo que dicho por el director general de transportes en 2009, Juan Miguel Sánchez. Tal y como explica en un comunicado, tras la manifestación de diciembre de aquel año, Sánchez mantuvo una reunión con taxi y VTC en la que confirmaba que “iba a cambiar varios artículos, anulando prácticamente las pretensiones a que nos obligaba el artículo. 21 de la Ley Ómnibus”. Recuerda también que existe una sentencia del Tribunal de Justicia de la Comunidad e Madrid que obliga a la administración a conceder autorizaciones de VTC según el artículo 21 de la Ley Ómnibus.

Si bien la CTE reconocía que las sentencias “solo reflejan la endeblez de la norma” debido a la redacción de la misma, no dejaba pasar la ocasión de señalar que esta demostración “la han provocado, con sus demandas, los propios taxistas”. Una situación que, en su opinión, perjudica “muy seriamente”  siendo “esas sentencias muy negativas para nuestros intereses y tremendamente peligrosas”.

También ha suscitado cierta polémica que el ahora presidente de Gremial Madrid, Julio Moreno, muy crítico con esta actuación de UNALT, era su secretario técnico en el momento en el que se interpuso el recurso. En su defensa, Moreno aclara que, como bien indica su nombre, se trataba de un cargo técnico “que no tiene ninguna responsabilidad en junta de gobierno, puesto que este mismo cargo, anteriormente, lo habían ocupado empleados de la propia Asociación Gremial”. Tal y como señala, “la responsabilidad política es del presidente, de la junta de gobierno y de la asamblea general de la UNALT” y recuerda que era José Luis Funes quien la presidía.

Explica además, que Funes no “informó en ninguna reunión de junta directiva sobre el recurso que se interpuso” y que a día de hoy continúan “esperando que se nos facilite el contenido de dicho recurso”

Por otro lado, quiere dejar claro que la actual junta directiva de Gremial Madrid “siempre ha estado y está en contra del artículo 21 de la Ley Ómnibus” motivo por el que acudieron a las manifestaciones que se celebraron en la capital para protestar contra su inclusión. 

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Ruptura de UNALT y anuncio de nueva organización

Pero la división en el sector no sólo se está produciendo entre las asociaciones nacionales, sino que una de las consecuencias más evidentes está siendo la fractura, aún más profunda, en UNALT. Hace apenas un mes, la Federación Andaluza de Autónomos del Taxi decidía abandonar la organización por no sentirse representados por sus actuales dirigente. Ahora es Gremial de Madrid, la asociación más grande a nivel nacional, quien planteará a sus socios una salida inminente. Aunque como explica su presidente Julio Moreno, su posición crítica “no se fundamenta única y exclusivamente en los motivos mencionados anteriormente”, esta situación ha ayudado a tomar esta decisión que someterán a la voluntad de sus asociados el próximo mes de junio en el marco de su Asamblea General. De confirmar los socios la salida, Moreno ya ha anunciado que “por pura lógica” su organización “no se quedará muda en el Comité Nacional de Transportes” por lo que la idea es proponer en la próxima asamblea general extraordinaria “la creación de una nueva organización nacional del taxi, conjuntamente con la Federación Andaluza y otras organizaciones, para defender realmente los intereses de los taxistas autónomos”, tal y como explica.

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