“Defender el taxi es defender los intereses de los madrileños”

El taxi madrileño atraviesa unos momentos de importante incertidumbre. En unas semanas esperan conocer finalmente el Reglamento del Taxi que va a aprobar el Gobierno Regional y todo apunta a que se producirá una liberalización del servicio en términos de horario, calendario y tarifas.

El grupo parlamentario de Unidas Podemos en la Asamblea de Madrid se ha posicionado radicalmente en contra de las pretensiones de Isabel Díaz Ayuso y su intención de desregular el taxi y no acotar la actividad de las VTC.

Alejandra Jacinto, portavoz adjunta de la formación morada y candidata a presidir la Comunidad de Madrid en 2023, sostiene en esta entrevista concedida a La Gaceta del Taxi en el mes de diciembre, la necesidad de defender la regulación del servicio de taxi madrileño, para evitar que caiga en una especie de “ley de la selva” donde compita a la baja con unos vehículos de alquiler con conductor exentos de restricciones.

La Gaceta del Taxi. - El nuevo Reglamento del Taxi que pretende aprobar el Gobierno de la Comunidad de Madrid presenta una intención liberalizadora del servicio de taxi. ¿Qué opinión guarda Podemos sobre lo que conoce de momento del borrador del texto?

Alejandra Jacinto.- Lo que pretende Díaz Ayuso es justo lo contrario a lo que necesita el servicio del taxi, es decir, no hay que desregular el taxi si no quieres regular las VTC. Ayuso es una mala dirigente política y hace justo lo contrario de lo que necesita el sector. Al menos 25.000 familias madrileñas dependen directamente del sector del taxi, y no solo hay que tener en cuenta eso, sino que además es un servicio público de interés general como bien recuerda el Tribunal Supremo, y a los usuarios y usuarias del taxi les perjudica que este servicio esté desregulado.

El Gobierno de Ayuso está proponiendo competir a la baja, abocar al sector del taxi a un régimen de semi esclavitud para poder competir, prescindiendo de derechos, con peores tarifas. Creo que se debe hacer todo lo contrario y tratar de ganar y garantizar derechos existentes ante nuevas figuras emergentes que aparecen. Se trata de regular para que no haya piratería.

G.T.- Una parte importante del taxi denuncia precisamente eso, que con el pretexto de desregularizar las VTC, se acabe desregulando al taxi.

A.J.- Como consumidor, el taxi te ofrece una seguridad y unas garantías. Sabes lo que te va a costar una carrera, los taxistas conocen perfectamente su profesión y saben la horquilla de precios. Además, si hay cualquier accidente sabes que va a haber un seguro que lo cubra y va a poder responsabilizarse. En el taxi no se dan esos episodios en los que cuando hay alta demanda durante una noche te cobran 100 euros por un servicio desde el Estadio Metropolitano a la Puerta del Sol. No es admisible que la propuesta política que impere sobre el taxi sea la ley de la selva, del sálvese quien pueda y piratear a un sector. Creo que debe ser todo lo contrario, no entrar en la uberización de la economía y por eso los gobiernos deben impedirlo, no fomentarlo.

La importancia del referéndum

G.T.- Para tratar de impedirlo, o para simplemente dejar clara su postura, una parte importante del taxi madrileño celebró el 13 y 14 de octubre una consulta. Desde el Gobierno de la CAM, la propia presidenta incluida, han restado importancia a dicho referéndum. ¿Qué opinión tiene Podemos al respecto?

A.J.- La presidenta Ayuso está ninguneando una iniciativa ciudadana absolutamente democrática como fue el referéndum que celebró el taxi con todas las garantías, donde además se pasó por notario para avalar la participación. Hubo una participación muy alta de casi 9.000 personas y con un resultado abrumador, con el 96% de los taxistas declarando que no quieren que se desregule el taxi y que lo que quieren son unas tarifas ajustadas, un régimen que permita la conciliación familiar y poder disfrutar de los días de descanso. No se trata de conducir 24 horas poniendo en peligro la salud de los taxistas y de los propios usuarios. Esto no va de trabajar todo lo que puedas y si te matas por el camino por un servicio de 10 euros, mala suerte. Los taxistas también rechazan la subida de poder tener hasta 50 licencias por titular porque solo beneficia a los denominados “floteros”. Lo que debe hacer una presidenta regional es escuchar a los taxistas, no puede actuar de espaldas a los intereses del colectivo.

G.T.- Centrándonos en las VTC, si nos remontamos al pasado mes de junio, el Gobierno regional aprobó una ley para permitir la actividad urbana de estos coches, más allá del Decreto Ábalos de 2018. El taxi abandonó entre gritos la Asamblea sintiéndose traicionado por la decisión. ¿Cómo vivieron todo eso?

A.J.- El taxi se está dando cuenta de que hay determinados partidos políticos que defienden los intereses de los servicios públicos y otros que no. Hay partidos a los que no les importa que determinados sectores vayan menguando, se vayan empequeñeciendo, para favorecer a empresas trasnacionales que, tal y como se declara en los propios archivos de Uber, “son jodidamente ilegales”. A mi esto me preocupa, no como persona que ahora está en política, sino como ciudadana. Los buenos gobernantes lo que tienen que hacer es proteger los servicios públicos e incluso fomentarlos, no permitir que empresas que además cotizan en paraísos fiscales puedan seguir esquilmando servicios públicos en detrimento de 25.000 familias madrileñas.

La Ley VTC de Ayuso, ante el TC

G.T.- En el Congreso de los Diputados, tras esta Ley de VTC de la CAM se interpuso un recurso ante el Tribunal Constitucional. Se ha admitido a trámite y recientemente se ha aprobado en la Asamblea que la propia cámara se persone para defender esta ley. ¿Qué le parece que se acabe judicializando todo este asunto?

A.J.- Desde Unidas Podemos, junto a Rafa Mayoral y Agustín Moreno, estamos trabajando en el taxi desde hace años y cuando conocimos la Ley Uber de Ayuso, nos dimos cuenta del atropello que suponía sobre todo en lo relativo a la invasión de competencias municipales. Desde un punto de vista jurídico lo que hicimos fue obtener las firmas necesarias -se necesitaban las de 50 diputados- para poder interponer un recurso de inconstitucionalidad frente a esta ley. Así lo hicimos. El PSOE no lo quiso firmar, pero no obstante alcanzamos los votos necesarios para poder interponer el recurso. Ha sido admitido a trámite, porque hay visos de inconstitucionalidad de la ley precisamente por esa invasión de competencias municipales ya que la ley ordena a los Ayuntamientos a tener que desregular de una determinada manera en lugar de proteger, que es lo que deberían hacer los ayuntamientos.

G.T.- ¿Qué puede pasar ahora con este recurso?

A.J.- Ahora el recurso tiene que seguir su curso y ya veremos dónde acaba. Por la experiencia que tengo, las fechorías que comete el Gobierno de la señora Ayuso muchas veces han acabado frenadas en los tribunales. Nos ocurrió con la venta de la vivienda pública, cuando vendieron 3.000 viviendas públicas a fondos buitre, y conseguimos revertirlo en los tribunales. Es una pena que tengamos que llegar a los tribunales sobre todo porque la justicia no actúa todo lo ágil que debería, y entre medias hay mucha incertidumbre y muchas familias preocupadas. Se lo dije a Díaz Ayuso, ante cada fechoría suya se va a encontrar con una acción judicial de nuestra parte.

G.T.- ¿Qué le parece que la Asamblea de Madrid también se persone en el procedimiento?

A.J.- La Asamblea de Madrid, como cámara legislativa, tiene la opción de personarse en este recurso. Han decidido hacerlo, gastando recursos de todos los madrileños para seguir defendiendo los intereses de las empresas piratas transnacionales. Nosotros evidentemente votamos en contra porque además el Ejecutivo, el Gobierno, ya puede personarse. No hace falta que lo haga el poder legislativo y pesamos que es un derroche más de recursos públicos para defender unos intereses que son contrarios a los intereses de los madrileños, porque defender al taxi es defender los intereses de los madrileños.

G.T.- Aunque no sea su partido, en el taxi si ha habido cierto revuelo con la posición del PSOE sobre la abstención del partido en este asunto. El PSOE ya se mantuvo de perfil a la hora de presentar el recurso al Tribunal Constitucional. ¿Le ha sorprendido?

A.J.- No me ha sorprendido porque sigue un poco la estela del PSOE, que es un partido que tiene que definirse y que no puede soplar y sorber a la vez. O defiendes los servicios públicos o estás a favor de la desregulación de los servicios públicos. Creo que como no se acaban de aclarar tienen esas contradicciones que desde mi punto de vista no son sorprendentes, pero si contraproducentes. A mi partido siempre lo van a encontrar defendiendo los servicios públicos por encima de los intereses económicos de cualquier empresa o fondo buitre de inversión.

G.T.- Parece inevitable que las plataformas de VTC permanezcan ya para siempre en nuestras ciudades, con un volumen importante de usuarios.

A.J.- Es evidente que han llegado y están ahí. Tengo una relación muy fluida con el colectivo de taxistas, hablo mucho con ellos casi todas las semanas y me trasladan que asumen que estas empresas están y tienen que convivir con el sector de algún modo. Y también entendemos las condiciones tan precarias que tienen los conductores de VTC. Entendemos que esas personas tienen que tener derechos laborales, pero eso no puede implicar que todos nos igualemos a la baja, al contrario. Lo que hay que hacer es regular, impedir que las empresas de VTC sean capaces de parasitar o esquilmar a un sector, que es lo que pretenden hacer y es lo que están haciendo. ¿Cómo se le pone freno? Regulando, con la legislación en la mano, con voluntad política para hacerlo y apostando por un modelo de defensa jurídica de los servicios públicos.

G.T.- Por último, ¿qué mensaje les trasladaría a los taxistas madrileños?

A.J.- El mensaje que les daría es muy sencillo y es que, para mí, el sector del taxi representa la mejor identidad que tiene Madrid.