Ayuso modificará su Ley VTC para arreglar su “chapuza” legal

El Gobierno de la Comunidad de Madrid liderado por Isabel Díaz Ayuso lleva hoy al Pleno de la Asamblea una modificación de su propia Ley de VTC que aprobó en junio para arreglar el importante error que supone no haber incluido un régimen sancionador para estos vehículos en su texto.

 

Si retrocedemos seis meses en el tiempo, en el mes de junio, a comienzos de verano, la Comunidad de Madrid modificó la Ley de Transportes de la región con una nueva ley que permitía a los vehículos de alquiler con conductor (VTC) realizar servicios urbanos, salvando de esta forma la moratoria incluida en el famoso decreto Ábalos.

 

Esa Ley VTC de Ayuso fue recurrida en distintas instancias, una de ellas fue el propio Tribunal Constitucional, que en el mes de octubre admitió a trámite tal recurso. 55 diputados del Congreso de los Diputados, a instancias de Federación Profesional del Taxi (FPTM) y Taxi Project, advertían en ese recurso al Constitucional de importantes irregularidades en el texto de la Comunidad de Madrid, entre ellas destacaba el grave error que suponía no haber incluido un régimen sancionador.

 

El taxi ya advirtió desde la aprobación de la Ley de VTC de Ayuso que ésta contenía importantes irregularidades, y ahora sospechan que, incluso tras haberse presentado una denuncia a instancias europeas por supuestos favores de Estado hacia las VTC, “alguien les ha debido llamar la atención ante esta chapuza”.

 

La modificación de la Ley de VTC de hoy se va a llevar a cabo por el procedimiento de urgencia y en lectura única. Se ha elaborado en apenas 15 días naturales, 7 u 8 días hábiles si tenemos en cuenta la semana de festivos, y eso es de una importante “gravedad”, apunta Julio Sanz, presidente de FPTM.

 

“Se han vulnerado todos los trámites parlamentarios. Ahora van a introducir un régimen sancionador, pero más laxo que el que se aprobó en octubre de 2021 para todo el Estado, lo que pone de manifiesto de nuevo el trato de favor que reciben las VTC de parte del Gobierno de la CAM”, asegura Sanz a nuestro medio.

 

Posibles acciones legales

 

Las consecuencias de este “error” del Gobierno de la Comunidad de Madrid en la elaboración de la ley que aprobó en junio con el objetivo de que las VTC pudieran seguir prestando servicios urbanos aún son desconocidas. Desde el taxi no descartan estudiar acciones legales por el perjuicio patrimonial que hubieran recibido por el hecho de que estos vehículos hayan sido “impunes” desde la aprobación del texto hace ahora seis meses.

 

En cualquier caso, y más allá de la modificación con la que el Gobierno regional espera arreglar “la chapuza” aprobada en junio, los taxistas recuerdan que hay procedimientos y recursos abiertos y que este capítulo de la Ley VTC de Ayuso aún no ha terminado./TAMBIÉN ES NOTICIA