La Fiscalía de la ciudad de Buenos Aires realizó durante la semana pasada hasta 13 intervenciones en las oficinas de la aplicación Uber y en los domicilios de los gerentes y de los conductores por supuestamente violar la clausura impuesta y ejercer una actividad ilegal.
Según informa el diario argentino La Nación, en los próximos días el Ministerio Público de la capital argentina pedirá diez días de prisión a ocho conductores de la aplicación, imputados de “ejercer ilegítimamente una actividad” al trasportar personas sin la autorización pertinente.
Esos ocho conductores vieron como la Policía Metropolitana y el Cuerpo de Investigaciones Judiciales (CIJ) entró en sus domicilios requisando toda la documentación relevante en el proceso. También estos cuerpos dependientes del Ministerio Público accedieron a los domicilios de dos ejecutivos que estuvieron al cargo de la aplicación hasta el mes de junio, y en la casa de dos gerentes actuales. En esos accesos a los domicilios fueron incautados móviles, ordenadores y otros dispositivos que relacionarían la actividad de los investigados con la actividad ilegal de la empresa californiana.
Sin embargo, a pesar de todas estas actuaciones, Uber ha reiterado su respaldo absoluto a sus socios y el compromiso de continuar ofreciendo sus servicios con coches particulares. Esto no ha terminado de convencer a algunos conductores de Uber que han asegurado a La Nación “tener miedo” a que entren en su casa con su familia dentro.
Estos últimos movimientos de la justicia argentina vienen a reafirmar la posición del país con relación a la aplicación Uber. Hace tan solo unos días se conoció el trámite para el lanzamiento de una nueva aplicación gratuita en la que quedarían incluidos todos los taxistas como respuesta a la aplicación de la emrpesa americana.