La CAM regulará las VTCs para esquivar el decreto Ábalos

El pasado 23 de diciembre, un día antes de Nochebuena, la Comunidad de Madrid publicaba un Anteproyecto de Ley de Medidas urgentes para el Impulso de la Actividad Económica y Modernización de la región, que no es más que una especie de “ley ómnibus” con la que se pretende modificar por la vía de urgencia decenas de leyes y normativas, entre ellas la Ley de Transportes de la CAM.

 

Mediante esa modificación de la Ley de Transportes, el Gobierno regional tiene intención de regular los servicios de vehículos de alquiler con conductor (VTC) para que puedan realizar servicios urbanos. Esta modificación resulta necesaria para que estos vehículos puedan llevar a cabo estos servicios urbanos ya que, en el mes de septiembre, finaliza la moratoria del llamado Decreto Ábalos que impide a las VTCs transportar personas en el núcleo urbano sin una autorización específica para ello.

En el sector del taxi, la medida adoptada por el Ejecutivo de Isabel Díaz Ayuso no fue bien recibida como era de esperar, y al cierre de esta edición, Federación Profesional del Taxi de Madrid (FPTM), Asociación Gremial del Taxi (AGATM) y la Plataforma Caracol han presentado alegaciones contra esta publicación.

 

En el caso de FPTM, organización mayoritaria en la representación del colectivo en la actualidad, fue más allá y anunció que pedirá indemnizaciones por más de 2.500 millones de euros a la CAM por los daños y perjuicios derivados de esta modificación “encubierta y sin comunicación” que ha hecho a la Ley de Transportes para regular las VTCs. 

 

Federación Profesional, amparándose en sentencias anteriores del Tribunal Supremo que reconocen el derecho a la indemnización para resarcir daños ocasionados por actuaciones legislativas, anunció que pedirá 150.000 euros de indemnización por cada una de las 15.700 licencias de taxi que hay en la Comunidad de Madrid.

 

Julio Sanz, presidente de la organización de taxistas, ha criticado duramente la actuación del Gobierno regional, calificando esta especie de ley ómnibus como “el arreón de los vagos”. “No han hecho nada durante la legislatura, y ahora publican esto por la vía de urgencia y en un trámite vergonzoso que no da ni a las asociaciones ni a los grupos políticos la posibilidad de plantear un debate, una reflexión o un estudio de lo que pretenden modificar”, explica Sanz que recuerda que esta modificación no solo afecta en materia de transportes, sino a 45 normativas, tres leyes y dos decretos.

 

Desde el taxi, no solo denuncian el contenido de la modificación que puede traer una manera de esquivar el decreto Ábalos, sino que denuncian el cómo se ha conocido esta intención de llevar a cabo una reforma que puede ser fundamental para el futuro del transporte de personas en una ciudad como Madrid.

 

La Asociación Gremial del Taxi de Madrid considera que una Ley Ómnibus “no es el instrumento normativo adecuado para regular una cuestión de tanta transcendencia”. Desde Gremial recalcan, además, la necesidad que debe existir de diferenciar el taxi y las VTCs. “No pueden confundirse ni en su regulación, ni en el modo en que se desarrolla la actividad”, insisten.

 

“Se ha hecho con premeditación, nocturnidad y alevosía”, explica Sanz, presidente de FPTM. “Ya de por sí, el procedimiento de urgencia es vergonzoso, intentan modificar normas en materia de transporte para habilitar, ahora sí, las VTCs”, indica el presidente de Federación que lamenta que ahora la CAM vaya a regular las VTCs cuando hace tres años, en medio de una huelga del sector del taxi, se escudaba en que esa misión correspondía al Gobierno Central.

 

“Parece que se han movido voluntades para que se permita a 8.000 coches negros hacer como si fueran taxis”, critica Julio Sanz, que anunció que FPTM presentaría las oportunas alegaciones al igual que también ha hecho AGATM y Plataforma Caracol. “Permitir una habilitación para que estos vehículos puedan hacer las veces de taxi desde luego que les va a costar. Además, ya hay sentencias del Supremo que establecen que cuando se crea una habilitación en un entorno donde ya existe una autorización paralela, se ha causado un perjuicio y en nuestro caso estaría traducido en 150.000 euros por cada titular de licencia, más o menos”.

 

Por su parte, desde Gremial insisten en la necesidad de que en esta modificación de la ley se incluya la obligación de que los servicios de VTCs sean precontratados con anterioridad, y sean prestados con una diferencia de, como mínimo, 30 minutos desde el momento de la reserva. Por otro lado, AGATM sostiene que las competencias de inspección y sanción recaigan sobre los municipios, dado que los servicios urbanos recaen en su territorio.

 

En sus alegaciones AGATM exige que, al igual que sucede con el taxi, exista una flota de vehículos adaptados a personas con movilidad reducida no inferior al 5%, y que, una vez que una VTC ha finalizado un servicio, el vehículo tenga la obligación de dirigirse con la aplicación apagada a un estacionamiento privado para la asignación de otro servicio sin propiciar la captación.

 

El debate parlamentario, primera opción

 

Además, los representantes del sector ya han explicado que están trabajando con los distintos grupos políticos para el momento en el que llegue el debate parlamentario, ya que de momento lo que se conoce es una presentación de la modificación que pretenden llevar a cabo. “Lo que se pretende es la consideración de servicio público para las VTCs, hacer como si de un taxi se tratase. Pretenden rebajar las sanciones, dar otra interpretación a la captación, etc. En definitiva, quieren llevar a cabo una serie de cosas con las que entendemos que se están extralimitando”, explica Julio Sanz.

 

“Una vez se presente toda esta batería de modificaciones va a haber una actividad parlamentaria muy intensa y los grupos políticos tienen mucho que decir”, insiste el presidente de FPTM que recuerda que las leyes deben ser aprobadas por mayoría, refrendadas por los grupos parlamentarios. “Ahí es donde hay que trabajar para evitar que el taxi sufra un atropello, independientemente de que luego por la vía de los tribunales se dictamine que esto es perjudicial para el servicio de taxi y se debe traducir en una indemnización”.

 

La estrategia pasa en un primer momento, por lo tanto, en el debate parlamentario. “Hay que trabajar con los grupos políticos para evitar que se produzca esta modificación. Es como una ley ómnibus a nivel regional, pero aún más flagrante con solo siete días de margen par presentar alegaciones”, explica el presidente de Federación.

 

Urgencia injustificada

 

Sin embargo, más allá del desarrollo en la Asamblea de esta modificación, una de los primeros pasos que se deben plantear es si verdaderamente hay una justificación que permita modificar la Ley de Transportes para regular las VTCs por la vía de urgencia. “Es el primer argumento que vamos a esgrimir en las alegaciones”, explica Sanz. “En estas cuestiones entendemos que no está justificado el trámite de urgencia porque estamos hablando de una Ley de Ordenación del Transporte que data del año 1998”, afirma el presidente de FPTM.

 

Desde el taxi recuerdan que hace ahora tres años pidieron una modificación para regular estos servicios de alquiler con conductor, y en ese momento no quisieron ponerse a trabajar en ello. “Ahora no entendemos que en siete días haya que resolver lo que no se ha hecho en tanto tiempo”, sostiene un Sanz que advierte que este es solo uno de los muchos procedimientos en los que el taxi tendrá que recurrir a la Justicia para defender su posición en un año que se presume clave para el futuro del transporte, no solo en Madrid, sino a nivel nacional./TAMBIÉN ES NOTICIA

 

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