Desde que Uber iniciara su actividad el pasado 12 de abril en Buenos Aires, su caso fue llevado a diferentes órganos de justicia de Argentina. En uno de ellos, el sector del taxi denunció a 33 conductores de la aplicación americana por, entre otras cosas, competencia desleal e instigación a cometer delitos. Esas denuncias han sido declaradas improcedentes por el juez de instrucción argentino Luis Zelaya.
El citado juez considera que los delitos que se le encausan a estos conductores no existen y acusa en cierto modo al sector del taxi de intentar resolver “un entuerto netamente comercial” por la vía penal.
Uber es “una actividad comercial lícita”, añadió el juez, quién atacó al colectivo del taxi argentino insinuando que el proceso abierto se ha llevado a cabo por la disconformidad de los denunciantes con la aparición de un comercial. Zelaya no ocultó que la actividad de la compañía californiana podría presentar fallos de carácter administrativo pero en ningún caso constitutivos de delito.
El fallo del juez será ahora apelado por los abogados que defienden al sector del taxi y el asunto quedará en manos de la sala V de la Cámara del Crimen de Argentina.