Cronología: casi seis años de litigios para poner fin al 1/30

Hasta llegar a la decisión final del Tribunal Supremo hecha pública ayer sobre el 1/30, todos los actores (administración, empresas de VTC y asociaciones del taxi) han tenido que esperar casi seis años de intenso enfrentamiento judicial. Aquí os exponemos, de forma sintetizada, todos los pasos que se han sucedido.

Antes de empezar, eso sí, con el desglose cronológico de este procedimiento que puede tener gran transcendencia en el futuro de la movilidad, debemos retrotraernos a junio de 2018 cuando el Tribunal Supremo, en una sentencia que también tuvo un gran revuelo, avaló la proporcionalidad 1/30 contenida en la legislación española para limitar la concesión de autorizaciones de vehículos de alquiler con conductor (VTC), y “proteger” en cierto modo al taxi como un servicio de interés general.

Ahora sí, vamos con este procedimiento judicial que finalmente acabó ayer:

- El 25 de abril de 2018, la Dirección General de Transportes de la Comunidad de Madrid denegó una solicitud de nada menos que 1.000 VTC formulada por Maxi Mobility Spain, sociedad con la que opera Cabify.

- Cabify, como era de esperar, no quedó conforme con esta decisión y presentó un recurso de alzada ante la Viceconsejería de Transportes Vivienda e Infraestructuras de la Comunidad de Madrid. Dicho recurso fue rechazado el 14 de noviembre de 2018.

- La empresa solicitante de VTC siguió con su idea de conseguir ese millar de VTC y presentó un recurso ante el Tribunal Superior de Justicia de Madrid. Dicho recurso, sin embargo, fue desestimado en una sentencia que se hizo pública el 10 de febrero de 2021.

- Esta nueva negativa no frenó a la plataforma que decidió recurrir en casación ante el Tribunal Supremo. En este recurso, además de estar la Comunidad de Madrid como parte recurrida, también decidieron personarse la Asociación Nacional del Taxi (Antaxi) y Taxi Project 2.0 por la transcendencia que podía tener.

- El 9 de septiembre de 2021, el Supremo admitió a trámite ese recurso de casación, declarando que la cuestión planteada presentaba interés casacional para formar jurisprudencia. Esto tuvo gran importancia porque el Supremo admitió que podía desdecirse de aquello que sentenció en junio de 2018 y que, por lo tanto, se podría reforzar, completar, matizar o corregir la jurisprudencia propia que tenía el Supremo del 1/30 y que había avalado años antes.

- El 4 de marzo de 2022, Cabify presenta un escrito pidiendo que se suspenda el procedimiento hasta que se resuelve una cuestión prejudicial sobre el 1/30 planteada ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE). Dicha cuestión había sido presentada por el Tribunal Superior de Justicia de Catalunya, que quería resolver dudas sobre la aplicación de la proporcionalidad 1/30 en un reglamento del Área Metropolitana de Barcelona (AMB).

- El Supremo, sin embargo, va más allá, y no solo decide esperar, sino que decide plantear por sí mismo una nueva cuestión prejudicial ante el TJUE sobre el 1/30, con distintos matices. El procedimiento de esas 1.000 VTC, por lo tanto, quedaba suspendido.

- El 8 de junio de 2023 llega la sentencia europea, aunque meses antes, en diciembre de 2022, el abogado general del TJUE avanzó en cierto modo la decisión. El tribunal europeo se manifestó sobre el 1/30, declarándolo contrario al derecho comunitario. Lo hizo, recordemos, sobre la cuestión prejudicial presentada por el tribunal catalán.

-  Una semana después, el 15 de junio de 2023, el TJUE informó al Supremo y le preguntó si quería seguir manteniendo o no su propia cuestión prejudicial dado que el asunto era idéntico. El Supremo, el 6 de julio, decide no mantener las preguntas en su día formuladas.

- En ese momento se abrió de nuevo el procedimiento de las 1.000 VTC solicitadas por Cabify, con un plazo de alegaciones sobre la incidencia de la sentencia del TJUE en este procedimiento. El 9 de enero se señaló como el día para fallar sobre este recurso.

- Ayer, 17 de enero de 2024, por fin el Supremo hecho pública su decisión y ha acabado con el 1/30 como requisito para limitar la concesión de VTC. Ahora comienza un periodo de gran incertidumbre y, de momento, será la Comunidad de Madrid la que deberá decidir qué hacer con ese volumen de VTC pendientes de conceder./TAMBIÉN ES NOTICIA