El taxi continúa contando los días que quedan para que el Decreto Ábalos entre en un nueva fase, la que obligará a los vehículos de alquiler con conductor una autorización para poder prestar servicios urbanos. Una “buena norma por el contexto en el que se dicta”, según el abogado de ANTAXI, José María Baños Fox.
Esta normativa ha sido analizada al milímetro en la Conferencia Nacional del Taxi que se está celebrando estos días en Madrid. Y es que en estos casi cuatro años desde que se aprobó el Decreto se han dictado diferentes normas para regular las VTCs, tanto leyes como decretos, siendo la más ambiciosa la aprobada en Catalunya, en el Área Metropolitana de Barcelona, suspendida actualmente por el Tribunal Superior de Justicia de Catalunya.
En este sentido, existen dos procedimientos paralelos de regulación de VTC con resultados contradictorios. En País Vasco el TSJPV lo ha anulado mientras que el aprobado en las Islas Baleares ha sido validado por la justicia. “Esto ha llegado al Tribunal Supremo, donde se ha declarado que hay interés casacional y se verá si el periodo de precontratación vulnera o no la Constitución Española y la Ley de Garantía de Unidad de Mercado”. Es decir, será una vez más la justicia quien decida si el periodo de precontratación establecido en algunas CC.AA es contrario a la libertad de mercado.
¿Y después?
Al margen del intenso año judicial, otra de las cuestiones que más preocupan a las asociaciones es que sucederá una vez entre en vigor plenamente el Decreto. ¿Podrán prestar servicios urbanos en ausencia de legislación? Según explicó Baños Fox, eso dependerá de la comunidad autónoma, lo que plantea muchas incógnitas para los próximos meses.
Además, desde el sector están convencidos de que se pedirán medidas cautelares una vez finalice el plazo y se abrirán procedimientos de indemnización. “Tarde o temprano acabarán en el Constitucional”, sentenció el abogado. / TAMBIÉN ES NOTICIA