“El ataque al sector del taxi no tiene precedentes”
El pasado mes de septiembre, La Gaceta del Taxi entrevistó a Mónica Garcia, candidata de Más Madrid a las elecciones presidenciales de la Comunidad de Madrid. La liberalización del taxi planteada por el actual Gobierno liderado por Isabel Díaz Ayuso, ocupa el dentro de esta entrevista con la actual líder de la oposición que apuesta por una regularización no solo del taxi, también de las VTC.
Gaceta del Taxi.- Mientras se celebraba el Debate del Estado de la Región (mes de septiembre) en la Asamblea de Madrid, en el Congreso de los Diputados se estaba presentando un recurso de inconstitucionalidad contra la Ley VTC que el Gobierno regional aprobó en el mes de junio. ¿Qué sensación le deja que una norma de tanto calado acabe en el Tribunal Constitucional?
Mónica García.- En la Comunidad de Madrid se suple la carencia de iniciativa política sensata a golpe de judicializar cosas que deberían ser de consenso político. El ataque al sector del taxi por parte de la Comunidad de Madrid es un ataque sin precedentes, y no tiene otra finalidad más allá de beneficiar al sector de las VTC, que no es un servicio público, que muchas veces no opera en España y que responde a otros intereses de carácter especulativo pero que no responden a lo que nosotros consideramos que sí responde el taxi, que es un servicio público.
G.T.- Cuando hablaba del consenso, o la falta del mismo, desde el sector del taxi sí que se quejan de que se han adoptado medidas sin contar con su punto de vista.
M.G.- Es muy difícil tener contacto con alguien a quien le vas a dificultar sus condiciones de trabajo y sus condiciones de vida. La Ley de VTCs de la CAM perjudica directamente a 25.000 familias de la Comunidad de Madrid y es muy difícil transmitirle a alguien que le vas a hacer la vida más difícil, en aras, además, de que su trabajo lo haga gente más precarizada que no tiene intereses en la Comunidad de Madrid, sino que tiene intereses económicos y financieros fuera.
En el caso de Ayuso lo tenemos muy claro. Cuando hay que elegir entre un fondo privado o buitre y una empresa externa, o un servicio público, siempre está del lado de los primeros. Esto lo ha sufrido ahora el sector del taxi, pero hay muchos otros colectivos que se ven afectados por esta forma de elegir siempre aquello que deteriora nuestro patrimonio.
El taxi, patrimonio de Madrid
G.T.- Considera, por tanto, que el taxi es algo propio de los madrileños.
M.G.- El taxi es patrimonio de Madrid, así lo ha demostrado en los peores momentos como en el 11-M trasladando heridos, o el trabajo altruista que hicieron en la pandemia trasladando enfermeros o médicos, o mismamente la demostración que hicieron el pasado mes de febrero con la iniciativa de recoger refugiados de Ucrania. Ese factor de servicio público y de patrimonio de nuestra ciudad y nuestra historia se lo van a ventilar en un decreto.
G.T.- La propia presidenta de la Comunidad de Madrid, en el inicio del curso político, anunció su intención firme de liberalizar el taxi, eliminando la actual regulación horaria de 24 horas. Hay dos asociaciones que han apoyado esta medida, pero la mayoritaria no. ¿Qué consideran al respecto?
M.G.- Se ha comprobado que la desregulación y las liberalizaciones de los servicios públicos solo benefician a aquellos que tienen acciones no se sabe dónde y no se sabe para quién. No reporta un beneficio para los ciudadanos. Ayuso está haciendo de comercial de Uber. Igual que en anteriores ocasiones ha hecho de inmobiliaria con respecto al programa de vivienda. Para cada problema que tenemos los madrileños como en este caso pasa con el taxi y las VTCs, la solución que tiene o está fuera de Madrid o descapitaliza nuestro patrimonio, no reportándole beneficio a las familias del taxi de Madrid. La solución no pasa porque se pueda trabajar 24 horas para que se pueda igualar el taxi con un sector que está súper precarizado como es el sector de las VTC. Es esperpéntico.
G.T.- ¿Es posible equilibrar el modelo del taxi y la VTC para favorecer su convivencia? Muchos hablan de regularizar ambos sectores o liberalizar los dos colectivos. En este caso parecer ser que la CAM ha elegido por la segunda vía.
M.G.- Es el servicio low cost. Todo ofrecido al peor postor y minimizando las normas del juego. Es como si en un partido de fútbol un equipo tuviera unas normas y otro, otras. Que pudiera dar patadas o jugar con reglas distintas. No puedes conciliar con dos reglas diferentes. Regularizar a la baja se traduce en precariedad y mal servicio. Por eso nosotros apoyamos sin lugar a dudas al sector del taxi con todo lo que conlleva y siendo conscientes de los déficits que pueda tener, como cualquier otro sector. Pero este modelo conlleva que estás eliminando un servicio público, quitando una regularización que te da seguridad como cliente, y estás deteriorando un sector dejándolo en manos de quienes no deciden en Madrid, sino de quienes deciden en Holanda.
El taxi envuelto en procesos judiciales
G.T.- Otro planteamiento que se ha formulado en el taxi con este tipo de normas es el de la invasión competencial. Es decir, la regulación de los taxistas siempre se ha adoptado en los entes municipales y desde una parte del sector nos han transmitido que esto responde verdaderamente a una decisión casi personal de la presidenta de liberalizar el sector.
M.G.- El problema es en quién piensas cuando haces una norma. Si Almeida pensase que se están invadiendo sus competencias como realmente está sucediendo, pondrían el grito en el cielo, como hacen muchas cosas con el Gobierno Central. Lo que pasa es que entramos en un juego político perverso en el que el Ayuntamiento no va a anteponer los intereses de los madrileños ni los taxistas porque está defendiendo otros intereses. Esta es la diferencia de hacer política y para quién la haces, si haces política para grandes grupos y oligarcas o si haces política para regular. Es mentira que los gobiernos no intervengan. Los gobiernos intervienen y esto es una manera de intervenir. Han intervenido para precarizar la vida de 25.000 familias que dependen del taxi.
G.T.- Ahora que se ha anunciado y se ha presentado un borrador del reglamento del taxi, cabe recordar que anterior estaba judicializado. La ordenanza del taxi de Madrid está también en los tribunales. Al final llega un momento en el ni el profesional ni el usuario sabe qué legislación le protege.
M.G.- Cuando no tienes un objetivo claro, cuando no tienes definido qué quieres hacer con la movilidad de la comunidad ni de la ciudad, pues efectivamente entras en un bucle de palos de ciego judiciales, demandas por competencias o vulneración de leyes estatales. Es una maraña judicial que evidencia que tenemos un Gobierno que no tiene un proyecto de futuro para la movilidad de la Comunidad de Madrid, de igual modo que no lo tiene para la sanidad, etc. Su único proyecto de futuro es considerar que esto puede ser de cualquiera que lo pueda pagar, un sálvese quien pueda, la ley de la sin ley. Los usuarios se sienten desprotegidos porque, al contrario de lo que piensa el Partido Popular y la señora Ayuso, las normas protegen. Con la falta de normas solo se está protegiendo a quienes vienen aquí a aprovecharse de nuestros servicios públicos y de nuestra ciudad.
G.T.- El año que viene se celebrarán elecciones. ¿Qué modelo entienden ustedes que será más justo para que haya una convivencia entre el taxi y la VTC?
M.G.- Hay una ley encima de la mesa que es el 1/30 y luego hay una serie de normas que indican que, si tienes diferentes regulaciones, debes ofrecer diferentes servicios. Lo que no puede ser es que gente con las mismas normas ofrezca servicios distintos. Cuando se llegó al 1/30, se llegó a una medida que podía conciliar más o menos lo que ya había. Que en Madrid una de las cosas más revolucionarias sea que se cumpla la ley, pues nos da bastante pie a pensar cuál es el modelo político que se está instalando.
Por lo menos los usuarios deben saber a qué se atienen, porque en el maremágnum de información nos dicen que todos tienen que tener los mismos derechos, pero también deben tener las mismas obligaciones. No puedes ir en un coche asegurado y luego ir en otro que no tiene seguro.
Vamos a pelear por lo que consideramos que es un servicio público que debe estar normalizado, regulado y que tiene que asegurar unas condiciones no solo para los clientes, también para los trabajadores y trabajadoras. Es un eje fundamental de lo que consideramos que tiene que ser una sociedad del bienestar y que en ningún momento vamos a apostar ni por la precarización, ni por la liberalización del horario para que se trabaje 24 horas, ni por la esclavización de ningún colectivo.
Javier Izquierdo
